Durante los días fatídicos de la famosa crisis del corralito argentino, a finales de diciembre de 2001, estalla un fenómeno que venía produciéndose desde los años 90 como resultado de las políticas neoliberales: las empresas y fábricas recuperadas a manos de sus trabajadores.
¿A quién le corresponde la propiedad de una empresa en quiebra? ¿A un patrón, quien, sin dar ninguna explicación, abandona repentinamente su negocio y sus empleados para eludir sus deudas, o a sus trabajadores, quienes, motivados por mantener su empleo, se hacen cargo conjuntamente del negocio siendo capaces de transformar un espacio para toda la sociedad?
En realidad, esa es la cuestión de fondo que se discute todavía hoy entre la sociedad y las instituciones políticas y jurídicas en Argentina. Durante la crisis financiera de 2001 se produce un cambio social en la forma de entender el trabajo por parte de un conjunto de personas asalariadas: hasta el momento nunca se habían planteado organizarse entre ellas y asumir el control de una empresa. El debate se concentra en el conflicto entre el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo, un pulso que se intensifica entre legalidad y legitimidad, donde siempre se impone la lógica de la solidaridad interpersonal y la resistencia social.
Ocurre entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Un clima de desesperación asola todo el país. Imágenes de saqueos en los supermercados inundan los televisores. En los bancos se prohíbe sacar los ahorros. Una confrontación entre la población y la policía deja 39 muertos mientras caen cinco presidentes en tan solo dos semanas. Las empresas y las fábricas dejan de producir y cierran sus puertas dejando a miles de trabajadores sin empleo.
Sin embargo, en medio del desorden, aparecen nuevos movimientos sociales que rechazan el maquiavélico modelo económico que los había llevado a la ruina. Entre asambleas barriales, piqueteros y clubes de intercambio, emerge el movimiento de trabajadores de empresas recuperadas que, bajo la consigna: ocupar, resistir, producir -originario canto de sirena del Movimiento Sin Tierra de Brasil-, ocupan las empresas declaradas en quiebra con la intención de reabrirlas en forma de cooperativas autogestionadas.
Un presente con antecedentes
El movimiento de empresas recuperadas no sólo puede entenderse con los días negros de la crisis financiera de 2001 y 2002. Fue durante la dictadura militar (1976-1983) donde se inicia el programa económico que establece las bases del modelo neoliberal. En este periodo empieza un proceso de desindustrialización en el que se consigue fulminar cualquier forma de organización obrera.
En los años 90, con el gobierno de Carlos Menem, el proceso de desindustrialización se acentúa y Argentina entra de lleno en el neoliberalismo. Las pequeñas y medianas empresas deben enfrentarse a las desfavorables condiciones económicas para la producción. En la mayoría de los casos están tan endeudadas con el Estado y con los propios trabajadores que el patrón abandona el negocio. En este punto, muchos trabajadores desocupados toman medidas de resistencia caracterizadas por su radicalidad, una radicalidad no menos extrema que la propia ofensiva gubernamental. En esta profunda crisis nace el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). Durante el 2003 se recuperan 128 empresas en Argentina; en 2010 aumenta a 205. Actualmente, se calcula que existen unas 315 empresas recuperadas que cuentan con 13.000 trabajadores.
Tres casos de empresas recuperadas en Buenos Aires
¡El BAUEN es de todos!
Hace doce años que los trabajadores y trabajadoras del BAUEN reabrieron las puertas de uno de los hoteles más emblemáticos de Buenos Aires. Hoy día se han convertido en un icono del movimiento de empresas y fábricas recuperadas y un ejemplo de autogestión como alternativa al cierre sistemático de los puestos de trabajo. “La autogestión nace como una respuesta a la necesidad de conservar nuestro puesto de trabajo, pero con el tiempo se ha convertido en un valor añadido”, cuenta María Delvalle, socia histórica del BAUEN.
El hotel, ubicado a la céntrica Avenida Callao, se declaró en quiebra el mes de diciembre de 2001 y recuperado el 21 de marzo de 2003. En la actualidad el BAUEN cuenta con una plantilla de 130 personas y sigue luchando por la aprobación de la propuesta de la Ley de Expropiación Nacional.
Chilavert, una imprenta de puertas abiertas
“La cooperativa no solo es de los trabajadores, también es de la gente del barrio, es una cooperativa de puertas abiertas”, explica Placido Peñarrieta, actual presidente de la cooperativa. La imprenta Chilavert era una empresa con 76 años de existencia en la que tan solo entraban a trabajar ocho empleados a lo largo del día. Hoy está abierta a toda la comunidad y en ella circulan alrededor de unas 90 personas entre los trabajadores de la imprenta, el bachillerato nocturno, el centro cultural y el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas asociado a la Universidad de Buenos Aires.
Peñarrieta cuenta que “después de meses sin pagarnos y de llevarse prácticamente toda la maquinaria, en abril de 2002 decidimos ocupar. Muchos vecinos del barrio, otros trabajadores del movimiento, de los sindicatos y el gremio vinieron a ayudarnos. Más de 300 personas nos acompañaron para impedir el desalojo”. Diez meses más tarde la cooperativa consiguió la posesión legítima de la fábrica, en noviembre de 2004 la expropiación definitiva del edificio a manos del Estado, y en 2012 las indemnizaciones por los impagos. Actualmente, los 15 trabajadores están a la espera de la cesión oficial del edificio.
La Casona, la recuperación en la actualidad
Son la una del mediodía y en el restaurante La Casona no cabe ni un alfiler. A tres calles del monumento del Obelisco, centro de Buenos Aires, nadie se imaginaría que este establecimiento debería cerrar por falta de solvencia económica. Hace tan solo siete meses que este restaurante se ha convertido en una cooperativa, una muestra más de la consolidación de este movimiento. Anyelen Anorada, actual responsable de la administración, explica que, gracias al apoyo y asesoramiento que han recibido de otras empresas recuperadas, el proceso ha sido mucho más rápido de lo que esperaban. “El abogado de la propietaria nos entregó las llaves y desde ese día funcionamos con la responsabilidad de decidir no por el beneficio individual, sino por el colectivo”, relata la reciente cooperativista. Ahora queda pendiente llegar a un acuerdo con el propietario del terreno.
El cambio legislativo que facilitaría las cooperativizaciones
Uno de los primeros problemas a los que se enfrenta el movimiento de empresas recuperadas por sus trabajadores es encontrar un marco legal que les garantice el proceso de recuperación y puesta en marcha de la cooperativa. Precisamente la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionadas (FACTA), formada por 60 cooperativas de trabajo, se encarga de realizar una tarea de asesoramiento.
A día de hoy, la lucha continúa en el ámbito jurídico a la espera de una posible aprobación de la Ley de Expropiación Nacional impulsada por el propio movimiento. La propuesta, que actualmente se encuentra en la cámara de diputados de la nación, estipula que la propiedad se declare de utilidad pública y pueda ser expropiada a favor del Estado, que podría ceder el negocio a las cooperativas. El proyecto de ley autorizaría al gobierno a transferir los bienes expropiados y la entrega de la propiedad a la cooperativa durante el tiempo que se mantenga la actividad productiva.
Esta es una explicación sin ánimo de lucro
* Publicado originalmente en termitasyelefantes.org