Comenzó un juicio que puede llevar a la cárcel a campesinos en el norte cordobes.
En Córdoba, el agronegocio y la especulación inmobiliaria se corren a los márgenes. En los bañados de Río Dulce y Mar Chiquita el avance sobre los campos comuneros amenaza con destruir la importante economía de la zona y dejar en la nada a cientos de familias campesinas.
La comunidad de Los Pozos se ubica al norte de la Laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba. Allí, más de 50 familias habitan campos de uso común desde hace muchas décadas. Ese territorio ha pasado de grandes inundaciones a sequías asfixiantes casi como por arte de magia. El ganado abunda y sobrevive, como en pocos lugares se ve después de que la sojización arrasó con las vaquitas ajenas. Esa situación se repite a lo largo del Río Dulce avanzando sobre territorio santiagueño. Vacas, cabras y ovejas, se mueven al ritmo de las distintas estaciones para aportar carnes a la dieta de la provincia y más aún.
Hasta hace unos años (en la inundación del 2002-2003, la Mar Chiquita adornaba los patios de las casas) era impensable hacerse la idea que alguien se interesaría por esos campos; alguien más allá de las personas que aman esas tierras habitándolas, por supuesto. Sin embargo, los conflictos comenzaron a llegar. La ambición hace que los ojos visualicen negocios en cualquier parte y siempre hay comedidos para garantizarlos.Tal es así que varias familias que siempre hicieron uso de los campos de Los Pozos presenciaron paulatinamente la aparición de individuos acreditándose los campos.
Miguel Rojas vivió allí toda su vida. Allí crecieron sus hijos y sus nietos. Allí construyó su hogar, su vivienda. Después de la última inundación, unos antiguos habitantes de la zona que huyeron del territorio, precisamente en la inundación de fines de los setenta, quisieron hacer como propias vastas hectáreas de la zona, justo allí donde Miguel y otros vecinos hacían pastar sus animales. Ante la amenaza de verse despojado de los campos intentó defender su posesión y fue imputado.
Se podría decir que en estos casos la justicia entiende que “vivir” en el campo, producir como se lo ha hecho siempre, es motivo de condena. Pareciera que llevar adelante la vida campesina con normalidad resulta ser delito.
De todas formas, esto no terminó allí. Los hijos de Miguel, como siempre ha sucedido, fueron armando familia y se vieron en el anhelo de conformar su propia vida. Cuando un yerno construyó su vivienda en el campo, fue imputado junto a Miguel, quien volvió a sentir que el peso de la justicia lo acorralaba.
En estos momentos estamos a la espera de la sentencia de esas últimas imputaciones. De ser condenados por la justicia, Miguel irá a prisión, al mismo tiempo que se desconocería la posesión del territorio a decenas de familias que podrían correr la misma suerte en el futuro.
Se podrían destruir comunidades enteras de familias campesinas que lo único que han hecho es vivir. Vivir un estilo de vida autónomo, sustentable, que no encaja en los cánones del negocio que se hace con la tierra.
El caso de Miguel y de su comunidad, Los Pozos, puede ser el testigo más claro de algo que se está viniendo para las familias campesinas comuneras de la Costa del Río Dulce y Mar Chiquita. Más de 500 familias que le dan de comer a los cordobeses. Que no gozan de rutas, que no tienen acceso al agua, pero que sin embargo aman ese terruño que los ha visto nacer y criarse de generación en generación. Hoy exigen el respeto de sus derechos sobre el territorio que tanto se dignaron a cuidar a pesar de todo.
Apelamos a los tres poderes del Estado para garantizar la vida de las familias campesinas.
No a la criminalización de la defensa del territorio Por el reconocimiento de los campos comunitarios Reordenamiento territorial que impida la mercantilización de la tierra
NI UN METRO MÁS, LA TIERRA ES NUESTRA
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