Disciplinar para que el crudo fluya

En la cuidad de Zapala, centro de la provincia de Neuquén, las comunidades Winkul Newen y Wiñoy Folil afrontaron una audiencia más, previa al juicio por la defensa del territorio. La causa, que no tiene precedentes debido a la dureza de la imputación, es considerada por un amplio espectro de organizaciones sociales y personalidades como un claro avance represivo para garantizar la explotación hidrocarburífera en la región.

Los hechos

El 28 de diciembre de 2012, la comunidad Winkul Newen resistió un intento de desalojo promovido por una subsidiaria de la empresa norteamericana Apache –comprada en 2014 por YPF. El objetivo de la acción judicial era reactivar la explotación del Yacimiento Portezuelo Norte, emplazado dentro de la comunidad y paralizado desde hacía varios meses por los mapuches. Aquel día la oficial de justicia Verónica Pelayes, ahora querellante en la causa penal, sufrió lesiones al recibir el impacto de una piedra en el rostro, hecho que le imputan a Relmu Ñamku y califican como tentativa de homicidio, mientras que contra el werken (vocero) Martín Maliqueo y el lonko (autoridad comunitaria) Mauricio Raín presentaron cargos por daños agravados.

Lo ocurrido en aquella jornada se enmarca en el extenso proceso de avances petroleros sobre la comunidad, promovidos por el estado provincial –que otorga las concesiones- y consumado por diferentes empresas –como las norteamericanas Pioneer y Apache en su momento, y que pretende continuar la subsidiaria de YPF, Yacimientos del Sur. Vale decir que todo ello se encuentra en flagrante violación de los derechos indígenas ya que la política hidrocarburífera, tanto en la provincia de Neuquén como a nivel del país, se implementa sin el libre, previo e informado consentimiento de los Pueblos Originarios afectados.

Buscan pena ejemplificadora contra las comunidades mapuches

Este 13 de abril se llevó adelante la audiencia de reformulación de cargos en la causa contra los dirigentes mapuches Relmu Ñamku y Martín Maliqueo, de la comunidad Winkul Newen, y Mauricio Raín, de la comunidad Wiñoy Folil. La fiscal Sandra González Taboada pidió 15 años de prisión, en consonancia con la querella. Mientras que los abogados defensores Emanuel Roa Moreno y Darío Kosovsky, solicitaron el cambio de caratula en el caso de Ñamku, de “tentativa de homicidio agravado con alevosía” a “lesiones graves”, debido a que el mismo relato de los hechos no se condicen con la acusación que se realiza la querella. Además solicitaron el sobreseimiento de Maliqueo y Raín. El juez hizo lugar parcialmente al pedido, quitándole el agravante de “alevosía”, lo que si bien obstaculiza las intenciones de la querella y la fiscal, no quita la gravedad de llegar a juicio con el cargo de “tentativa de homicidio”, y desestimó la solicitud respecto de Maliqueo y Raín.

La audiencia se desarrolló en una diminuta sala previamente distribuida por el juez Criado, en donde tan solo ocho personas pudieron presenciarla y ningún periodista pudo acreditarse, lo que forzó el reclamo de reporteros gráficos. Más de treinta efectivos de la policía custodiaban la sala con vallas de por medio que no permitían el ingreso de nadie.

Afuera, más de un centenar de personas permaneció acompañando a las comunidades mapuches durante las siete horas que duró la audiencia, una radio abierta del grupo Zona Libre ofició de palco en donde se escucharon las voces de los presentes y sus adhesiones de apoyo. En cada cuarto intermedio Maliqueo salía de la sala para comentar el desarrollo de la audiencia.

Una pequeña ceremonia mapuche dio paso al ingreso a la sala y el comienzo de la audiencia. La querella comenzó con planteos dilatorios y pedidos de prorrogas para incorporación de nuevas pruebas realizadas por el perito Enrique Prueger, el mismo fue rechazado por el juez tras el primer cuarto intermedio. El último punto que se discutió fue el ofrecimiento de pruebas de las partes, en donde se dio un debate con respecto a qué queda y qué se incorpora. Kosovsky opinó que “hay pruebas que no pueden acreditar nada, por ejemplo, unas piedras que están embolsadas y fueron secuestradas diez meses después del hecho, por la policía provincial”.

“El conflicto no es el lanzamiento de una piedra”

En diálogo con Kosovsky, el abogado alertó de la gravedad que significa sostener esta carátula, que “impide cualquier resolución compositiva de la causa, no permite la aplicación del criterio de oportunidad, no permite la suspensión de juicio a prueba, una mesa de diálogo u mediación penal, ya que el Código Penal estipula que no pueden darse estas salidas en penas tan altas como la que pide la Fiscalía. Además de rechazar nuestro pedido [la Fiscalía] adelantó que en juicio pedirá una pena superior a los 15 años de prisión efectiva”. Es evidente que la intención de disciplinamiento por parte de la querella y la fiscal requiere de cárcel efectiva.

“Claramente hay una política criminal autoritaria en el Ministerio Público Neuquino porque no encuentra ningún sustento legal el tipo de calificación que se intenta aplicar en este caso”, enfatizó Kosovsky. “Al encontrar ningún sustento legal, las mismas son arbitrarias, es decir, que las han usado a piacere y han intentado amarrar eventos o hechos históricos a calificaciones que son imposibles de ajustar, con lo cual eso implica que hay arbitrariedad en la persecución penal, no hay justicia ni legalidad” agregó.

“Trabajamos para demostrar que el conflicto no es el lanzamiento de un piedra y la lesión de esta persona, sino que el conflicto real es entre el Estado, las petroleras y la comunidad, quedando este hecho como variable de ajuste que utilizan para evitar cualquier tipo de resistencia”, sostuvo el abogado defensor al realizar un balance de la audiencia. El día 16 de abril las partes volverán a juntarse para acordar si será un juicio por jurados o por Cámara.

Solidaridad

El cierre de la actividad fue un acto, con la oratoria de las distintas organizaciones que se hicieron presentes en solidaridad. Entre ellos se encontraban el líder qom Félix Díaz, Pablo Pimentel, de APDH La Matanza; Sofía Gatica, de Madres de Ituzaingó; el dirigente mapuche Nilo Cayuqueo, también representantes del Sindicato Ceramista, de la seccional local del sindicato docente ATEN, dirigentes de Movimiento La Dignidad, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido de los Trabajadores Socialistas, Convergencia de Izquierda, asambleas ambientales de Allen y Mendoza y comunidades mapuches de la zona, entre otros.

Fuente: Observatorio Petrolero Sur

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