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El Grito Originario


La carpa es alta y blanca, de cinco metros de largo por cuatro de ancho. Adentro hay una decena de colchones en el piso, ropas, bolsos y cajas con alimentos. Afuera se suman media docena de carpas tipo iglú. Es la plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio, lugar ya emblemá­tico para los pueblos indígenas de Formosa que acampan desde hace dos meses con reclamos tan básicos como incumplidos: agua, salud, educación, luz eléctrica, territorio y que no los repriman más. Esperan ser recibidos por el Gobierno nacional. “Nos quedaremos hasta que nos den una respuesta", explica Félix Díaz, qom de Formosa.

Por Darío Aranda en Periódico Vas

Acampe

El 14 de febrero comenzó el acampe indígena en el Centro porteño. Primero fue la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), por la vulneración de derechos, el intento de represión en la ruta nacional 86 de Formosa y, tam­bién, por el asesinato aún impune del abuelo qom Roberto López (el 23 de noviembre de 2010). Luego se suma­ron los pueblos indígenas nucleados en la nueva organización de indígenas de Formosa: Qopiwini Lafwetes. Nacida en enero de 2015, toma la primera sílaba de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé. Reúne a 46 comunidades que no responden al gobernador Insfrán, no se consideran opositoras pero sí reclaman el cumplimiento de derechos.

El 10 de marzo marcharon por el centro porteño. Nunca las comunidades de For­mosa habían reclamado de ese modo, tan lejos de sus comunidades. Recorrie­ron los tres poderes del Estado, durante más de tres horas, y en pleno Obelisco gritaron: “Territorio robado, será recu­perado".

En cada parada los discursos fueron encendidos. Se recordó que los niños indígenas mueren por enfermedades evitables, falta de atención médica y ali­mentos escasos. "Nuestros hijos toman agua de los charcos", denunció Israel Alegre, de la comunidad NamQom, fren­te a la Corte Suprema de Justicia.

Se entregaron petitorios con reclamos puntuales y solicitaron audiencias. Félix Díaz arremetió contra el poder político: "¿Dónde están los legisladores cuando los niños indígenas mueren de hambre". Y, sin mencionarlo, apuntó al extractivismo y a las complicidades del Gobierno: "Les sacan el territorio a los indígenas para dárselo a las multinacionales".

Racismo

Israel Alegre está enojado pero calmo. No se siente a gusto en Buenos Aires, quiere volver a su casa, rodeada de ver­de, y a su familia. "No pedimos nada extraño. Pedimos que se respeten nues­tros derechos", explica y puntualiza en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra­bajo (OIT, que en Argentina tiene rango supra-legal, por encima de las normas locales) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Alegre recuerda que presentaron petito­rios a los tres poderes del Estado (Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacio­nal y Casa de Gobierno). "Tenemos de­rechos y queremos que se cumplan", reclama y recuerda que el gobernador Gildo Insfrán, tampoco les da respuesta. Avisa que se quedarán hasta tenerla. "Si usted nos ve mucho por acá, será una prueba más del racismo que existe en Argentina”, advierte.

Voces

Jorge Palomo es wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo). Contextura grande, 32 años, es vocero de su comu­nidad. La lista de reclamos es la misma: agua, luz eléctrica, atención médica, tierras. Sincera que no quiere estar en Buenos Aires, le resulta insoportable el ruido de los autos, extraña a su familia, pero aclara que se obligan a acampar para que se conozca la situación que atraviesan. "No podemos seguir vivien­do así. En injusto", resume.

Un hombre observa desde lejos. Apa­renta unos 50 años. Se acerca y presen­ta, "Castro José, Comunidad El Silencio. Wichí de Formosa", dice y da un apretón de manos. Precisa la situación en Formo­sa: "Estamos olvidados". Su comunidad está integrada por 150 familias en 5000 hectáreas. Relata que los funcionarios provinciales nunca los visitan y, cuando lo hacen, prometen mejoras que nunca se cumplen. Viven al borde del río Ber­mejo, pero la comunidad no tiene agua ni electricidad. Menciona los caminos, donde sólo pueden transitar motos o caballos. Cuando parece finalizar la lista de derechos incumplidos, agrega otro: la escuela rural no funciona. Recuerda que votó por Insfrán, precisa que muchos de la comunidad votaron por el Gober­nador y la Presidenta, "pero luego nos olvidan, ni nos miran".

Cirilo Gómez es de la comunidad San Carlos (departamento de Patino), de 400 familias en 900 hectáreas. Habla fluido, no le gana la timidez. Lamenta que, ya a dos meses en Buenos Aires, to­davía no tienen respuestas. "Solo nos ci­taron de la Corte Suprema, pero no nos atendieron los jueces, solo un secretario que no dio respuesta" acusa. Señala que se están sumando comunidades de

Salta, Tucumán y de la Patagonia. "Los indígenas de todos el país estamos pa­sando situaciones similares, se privilegia a las empresas millonarias por sobre los derechos indígenas", denuncia. Y afirma que en su región avanzan las topadoras, arrasan el monte, queman, usan agroquímicos.

Le pide a los funcionarios que escuchen el reclamo justo y, a la Presidenta, "que cumpla las leyes". Cita, como muchos indígenas, al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional de 1994: "Reco­nocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicio­nalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas para el desarrollo humano (...) Asegurar su participación en la ges­tión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten". Cirilo Gómez lamenta que nada de lo que dice ese artículo, sancionado hace 21 años, se cumpla. No le agrada Bue­nos Aires, menos acampar en la 9 de Julio, pero lo hace por un motivo; "Los niños indígenas no deben sufrir lo que sufrimos nosotros".

DDHH

El 24 de marzo, en la tradicional marcha de la memoria, verdad y justicia por el golpe cívico militar de 1976, los pueblos indígenas marcharon junto a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y organizaciones sociales. Como siempre, una de las banderas fue "Nunca más". Ese mismo día, por la tarde, más de cien policías de Formosa reprimieron a hom­bres, mujeres y niños de comunidades wichí de Ingeniero Juárez, al oeste pro­vincial. Las comunidades reclamaban agua, alimentos, atención sanitaria. Es­taban a la vera de la ruta, no cortaban el paso, pero igual la policía avanzó sobre ellos. "Nos reprimieron con palos y ba­las de goma. Hay tres heridos de bala. Yo tengo cinco balazos" afirmó Agustín Santillán, joven referente wichí de For­mosa.

Esa misma semana se conoció en For­mosa que la policía realiza espionaje sobre políticos de la oposición, organi­zaciones sociales y pueblos indígenas que reclaman sus derechos. Se hicieron públicos más de cien correos electróni­cos que confirman el seguimiento y los reportes diarios, al estilo de la Dictadura Militar, de la policía de Formosa.

Ningún funcionario nacional se refirió al espionaje ni a la represión del 24 de marzo

Los de abajo

El sol se hace sentir en el acampe. Gol­pea sobre las baldosas blancas y hace un efecto reflejo que pareciera aumentar la temperatura. Una joven con traje de oficinista llega con un bidón de cinco li­tros de agua. Lo deja en la mesa donde recolectan firmas para que los reciba la Presidenta. Un Ford Corsa frena sobre Avenida de Mayo. Un hombre de unos 70 años desciende del auto, abre el baúl y pide ayuda. Se acercan tres acampan­tes y bajan bolsones con alimentos. "¡Fuerza!", los alienta. Y se retira tan rá­pido como llegó.

En el acampe entregan un pequeño folleto explicativo. Remarcan las leyes nacionales e internacionales que ava­lan sus reclamos. "Por la falta del debi­do cumplimiento del derecho indígena, nosotros sufrimos la continuación del genocidio iniciado hace tantos años". Exigen el respeto al derecho de autode­terminación (su propio gobierno, autori­dades y políticas) y el cumplimiento del derecho al "consentimiento libre, previo e informado" para cualquier acción que pudiera afectarlos. Lo firma la organiza­ción Qopiwini Lafwetes (de los cuatro pueblos de Formosa) y al final del breve escrito sobresale una oración: "Pueblo indígena de pie en defensa de sus dere­chos".

Algunos transeúntes paran, miran, pre­guntan y firman las planillas. Muchos otros, quizá la mayoría, pasan rápido, como si el acampe fuera ya parte de pai­saje o no existiera. La Wiphala (bande­ra multicolor de los pueblos indígenas) es gigante. Más de dos metros de alto, flamea con el viento fuerte. Vista desde Avenida de Mayo sobresale la insignia indígena y, de fondo, la gran imagen de Evita que el Gobierno ubicó en el edificio de Desarrollo Social. La imagen acentúa las contradicciones.

"Jamás he sido dura con los de abajo", afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 16 de marzo en Casa de Gobierno, luego de firmar acuerdos con la Federación Agraria Argentina. Nunca hizo mención al acampe indígena.

Corte

Ante la falta de respuesta, las comuni­dades decidieron cortar la Avenida 9 de Julio durante la tarde, por una hora. Luego fueron tres horas y, ante la indi­ferencia gubernamental, comenzaron a las 17 y se extendió hasta la mediano­che. Casi día de por medio cortan, en busca de respuesta. Hoy es día de corte. Son unas cien personas, más de la mitad son indígenas. Se organizan y cierran el paso. Primero en 9 de Julio, ambas ma­nos. Luego en Avenida de Mayo. La po­licía estaba al tanto y desvía el tránsito. En Radio Continental (AM 590) la pe­riodista María O’Donnell, cuestiona. "El reclamo de los indios es correcto, pero no pueden cortar a esta hora. Es un corte disruptivo". En TN, Nelson Cas­tro, va por el mismo camino. Afirma que las comunidades tienen motivos para manifestarse pero no pueden coartar "el derecho de circulación".

Ninguno de los dos periodistas men­ciona el motivo del corte. Mucho menos precisan los diez muertos que hubo en Potae Napocna Navogoh en los últimos cuatros años. Ni la repre­sión del 24 de marzo a los wichí.

Madres y organismos

Félix Díaz es qarashé (autoridad) de Potae Napocna Navogoh (La Primave­ra). Está sentado en la 9 de Julio, jun­to a un semáforo y con una pancarta que exige el fin de la represión. "No queremos cortar el tránsito, pero na­die nos escucha", explica. Reconoce que sienten impotencia ante la falta de respuesta, sostiene que todo se destrabaría con una convocatoria al diálogo por parte de Nación. Quieren regresar a Formosa, pero con una res­puesta concreta. Vuelve a recordar los derechos básicos que reclaman: agua, salud, educación, electricidad, respe­to al territorio.

Nora Cortinas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, llega al acam­pe. Saluda a cada uno con un beso y abraza a Félix Díaz. Alguien arrima una silla. Parece agitada por la caminata pero de inmediato comienza a hablar, en tono enérgico, ante los micrófonos: "Da vergüenza que la Presidenta por su capricho no reciba a los pueblos indígenas. La actitud del Gobierno abre el paso para que Insfrán y otros gobernadores repriman". También llegan otras madres, Mirta Baravalle y Elia Espen. Y Nora Cortiñas marca otra contradicción que la indigna: "¿Dón­de están los organismos de derechos humanos? ¿Dónde están HIJOS, Fami­liares de Desaparecidos? ¡Trabajamos juntos durante casi 40 años por los de­rechos humanos y ante esto tan grave no aparecen!".

Félix Díaz no tiene respuesta. Lamenta que el Gobierno "intente ignorar" a los pueblos indígenas, pero avisa: "Nos quedaremos hasta tener una respuesta. Tenemos derechos, exigi­mos que se cumplan".

Ropa, agua mineral, termos, garrafas o calenta­dores a gas, fruta y verdura fresca, carnes, grasa, yerba... son algunos de los insumos que se nece­sitan en el acampe. Podés acercarlos a la intersec­ción de Av. 9 de Julio y Av. de Mayo.

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