Corporaciones vs. ciencia: el Estado aprueba los transgénicos en base a estudios de las propias empresas y nombra funcionarios según su cercanía al modelo sojero. El dominio del sector privado y las complicidades, en este reportaje realizado por Darío Aranda.
Licenciada en ciencia política e integrante del Programa de Estudios Rurales y Globalización (Peryg) de la Universidad Nacional de San Martín, Carla Poth se dedica desde hace diez años a desentrañar cómo se aprueban los transgénicos en Argentina, qué rol ocupan las universidades y organismos oficiales, cómo las grandes corporaciones del agro deciden qué semillas transgénicas se aprueban y, al mismo tiempo, qué modelo agropecuario se ejecuta en nuestro país.
Poth hizo foco en la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio clave en la autorización de semillas transgénicas. “Se usa a la ciencia para aprobar y promover un modelo productivo económico asociado a las transnacionales”, explica.
Confirma que el Estado no realiza estudios propios al momento de aprobar un transgénico (se basa en “investigaciones” de las mismas empresas interesadas que, además, son confidenciales), cuestiona el modelo científico argentino por estar al servicio del sector privado y grafica: “El kirchnerismo implicó una continuidad con los 90 referido a biotecnología y transgénicos. Hoy las universidades públicas generan producción de conocimiento para las grandes corporaciones transnacionales”.
¿Neutral?
¿Cómo se aprueban los transgénicos en Argentina?
La Conabia tiene casi 50 integrantes, pero con siete ya hay quórum y deciden. Se reúnen periódicamente, y la mayor parte son del sector privado o con vinculación a las empresas.
¿Cómo se eligen los integrantes de la Conabia?
Fue creada en 1991, pero hasta 2013 no había un mecanismo explícito. Ese año se aprobó una resolución que estableció que la elección las definen las instituciones. El mecanismo es que esa institución presenta tres posibles candidatos. Y luego los directores de Conabia y la oficina de Biotecnología seleccionan uno de esa terna.
¿Cómo se eligen las instituciones?
En 2013 se agrandó la Conabia, incorporando una chacra experimental de caña transgénica en Colombres, Tucumán. En 2008 se había presentado un estudio de impacto para caña transgénica. Como nadie en Conabia manejaba el tema, insertaron a esta chacra. Tiene cierta lógica.
Es difícil creer que una chacra que impulsa la caña de azúcar transgénica sea crítica a presentaciones de ese mismo sector.
Siempre la Conabia tiene integrantes que piensan más o menos igual. Suelen decir que deben ser expertos, pero no cualquiera. Andrés Carrasco era un experto, nadie lo puede negar. Sin embargo no lo llamaron nunca, sino que fue repudiado por los integrantes de la Conabia y el Conicet.
¿No hay conflictos de intereses por las instituciones y personas que están en Conabia?
El sentido común diría que sí, pero a ellos no les genera ningún conflicto. Dicen que son una comisión técnica con argumentos científicos y se amparan en una supuesta ciencia neutral, sin problematizar que la ciencia nunca es neutral. Dicen que la soja puede ser buena o mala, depende cómo se utiliza. No les genera contradicciones.
¿No es irregular que sólo tomen los trabajos científicos favorables y dejen de lado las investigaciones críticas?
La Conabia hace política con el argumento científico que les es afín a lo que piensan sus integrantes. Toman los argumentos que favorecen a las biotecnologías, y no el principio precautorio: ante la duda, se debe proteger a la población. Les he escuchado decir, incluso luego del juicio por las Madres de Ituzaingó en Córdoba, que no había conflicto en los transgénicos. Negaciones totales de que existen otros argumentos.
¿Por qué criticaban a Andrés Carrasco?
Lo criticaban porque no había publicado su investigación. Luego, cuando la publicó en una revista científica internacional, no dijeron más nada. Le llegaron a cuestionar que él primero había mirado qué pasaba en el campo y luego ido al laboratorio. La Conabia y los investigadores pro-transgénicos no miran lo que pasa en el campo, ven solo lo que sale de la pipeta de laboratorio, pero no cuando eso se libera a millones de hectáreas. Las consecuencias las consideran “externalidades” y ellos no analizan eso.
¿No lo analizan, pero lo aprueban?
Claro. Es un punto débil de su argumentación. Hay que dejar claro que la Conabia usa a la ciencia para aprobar y promover un modelo productivo económico asociado a las transnacionales y así legitimar ese modelo con el que están construyendo poder. En todo eso está la idea de que el discurso científico es neutral. Y eso es mentira.
¿Por qué?
Porque la ciencia nunca es neutral. Y, en la Conabia, eso está en total sintonía con las empresas del agro.
¿Estudios propios?
Las empresas presentan sus informes y estudios favorables al transgénico que quieren aprobar. ¿Qué estudio hace la Conabia?
El Estado argentino no hace estudios propios. La empresa interesada en la liberación de un transgénico es la que hace el estudio y presenta un formulario que está en Internet. Eso llega a la oficina de Biotecnología del Ministerio de Agricultura. Leen esas fojas, que son muchas, más de 300, pero no dicen demasiado. Lo ven técnicos que no son necesariamente de la Conabia. Buscan si hay irregularidades. Si hay inconsistencias, se devuelve a la empresa con preguntas. Si no hay objeciones, pasa a la Conabia.
¿Qué contraponen al estudio de la empresa?
La Conabia no investiga ni convoca a una universidad pública a que replique el estudio. El formulario se basa en investigaciones de las mismas empresas. Monsanto presenta la semilla y anexa los papers (trabajos científicos). Es obvio que la empresa nunca hablará mal del producto que quiere liberar. Con eso la Conabia dice sí o no. Puede ser con una minoría presente.
Pero en la Conabia hay gerentes de Monsanto presentes.
Sí. La supuesta garantía que dan es cuando en una reunión se presenta una solicitud, si hay conflicto de intereses lo que hacen es que el representante de esa empresa se levanta y se va. Eso evitaría el conflicto de intereses (sonríe).
¿Así resuelven el conflicto de intereses?
Sí (sigue sonriendo).
¿Usted cree que el representante de Syngenta o Bayer le dirá que no a Monsanto y viceversa?
Claramente que no. No tiene sentido, pero la versión oficial de la Conabia es que así resuelven el conflicto de intereses.
De Menem a hoy
Hubo distintas etapas de la Conabia, desde su creación, en 1991. Y en esa década de los 90 el Estado se retiró de muchos espacios ¿en la Conabia sucedió lo contrario?
Desde los 90 el Estado se vuelve un gran impulsor de la biotecnología en todos los niveles. En la primera etapa fue la instalación del modelo. Hubo una alineación con los mercados globales de agricultura manejados por las grandes corporaciones de semillas transgénicas y de agrotóxicos. Si uno mira Estados Unidos y Canadá, quienes estaban allí decidiendo cómo se iba a producir en el agro son estas empresas: Monsanto y Syngenta, entre otras.
Y el Estado argentino ¿cómo actuó?
El Estado ahí tomó la posta, miró qué estaba pasando en el mercado internacional. Históricamente el Estado argentino fue proveedor de mercado de materia primas y siempre le fue redituable. Entonces era un negocio para los dos el desarrollo de ese tipo de mercado agrario.
¿Cómo actuó el kirchnerismo?
El kirchnerismo implicó una continuidad con los 90 referido a biotecnología y transgénicos. La devaluación fue un factor importante para, mediante impuestos, hacer caja. Si hubo un cambio respecto de los 90, es que durante el menemismo la inversión fue nula. El INTA en los 90 no tenía financiamiento. Lo mismo que la educación pública o la universidad, con recortes presupuestarios. El proceso del kirchnerismo invierte en educación e investigación científica, pero no en cualquier educación o ciencia.
¿En qué ciencia invierte?
Invierte en una educación privatizada y en universidades públicas que generan producción de conocimiento para estas grandes corporaciones transnacionales y el desarrollo nacional de este tipo de tecnología, pero siempre asociada a las empresas. Por ejemplo: Monsanto tiene posgrados en la Facultad de Agronomía de la UBA. También que designen personas como el ministro Lino Barañao o Martín Lema en Conabia.
La universidad pública con mayor financiamiento, pero al servicio del sector privado.
Lamentablemente sí. Incluso algo que confirmé hace poco. La mayoría de quienes compusieron la Conabia en los 90 tuvieron su formación básica de licenciatura en universidades públicas y un posgrado en el exterior. No es menor eso. Los think tank (tanques de pensamiento) de la tecnología fueron los laboratorios de Francia, Estados Unidos y Canadá. Ahí es donde se van a formar y luego vienen a regular lo que pasa en Argentina. Pero en la última década hubo otra ruptura: ya no hacen los posgrados afuera, sino aquí. Eso marca hacia dónde fue la producción de conocimiento en nuestro país: a muchas maestrías, posgrados, y becas de investigación asociadas a ese modelo biotecnológico. El kirchnerismo significó eso al modelo: comenzar a producir conocimiento nacional asociado a esas transnacionales.
Secretos de una papa
¿Cuánta incidencia tiene el sector privado en la Conabia y en la aprobación de transgénicos?
Es central. Porque en primer lugar hay una participación directa de las empresas transnacionales en la comisión. Recordemos que la Conabia tiene representación del sector público, privado e investigadores. Si uno ve la composición de esos sectores, el privado esta sobrerepresentado en términos numéricos. Y algo no menor. Pero aún si no estuvieran las empresas, dudo que las decisiones de la Conabia cambiarían.
¿Por qué?
Si estuviera toda gente del sector público y sin empresas creo que no cambiarían las decisiones de la Conabia. Porque los del sector público piensan con la lógica del sector privado.
¿Cómo?
Su formación tiene que ver con producir conocimiento asociado a las transnacionales. Justifican la privatización, que sean productos patentados, no públicos. Que un científico naturalice que no se haga pública la información de un producto para que pueda ser patentado es toda una decisión ideológica y política. Lo mismo cuando la información de un organismo oficial no es publicada. Lo que prevalece es la lógica de la mercancía, de producción del sector privado y la ganancia por sobre los intereses generales.
¿Nombres que la referencien a ese perfil científico?
Esteban Hopp. Ahora no está, pero fue el formador de la Conabia. Fue muy relevante, porque fue de los primeros en investigar sobre transgénicos en Argentina. Él y Alejandro Mentaberry -que hoy está en Rosario en el Indear (Instituto de Agrobiotecnología de Rosario) y ASA (Asociación Semilleros Argentinos)- desarrollaron papa transgénica: uno en INTA y otro en Conicet. Papa que nunca se aprobó, nunca se liberó, pero que les sirvió para ser voz autorizada al definir quién iba a estar en Conabia. Para ellos no es problema que la información no sea pública. Porque si fuera pública, las empresas no harían negocios con biotecnología. Otro ejemplo es Mónica Pequeño Araujo, histórica del INASE (Instituto Nacional de Semillas). Me lo dijo explícitamente: nunca difundirán los estudios y expedientes de aprobación de las empresas porque “es información comercial sensible”.
¿No es contradictorio decir algo así desde un puesto del Estado?
Ninguna contradicción. Después, hay científicos que ya ni siquiera son -como Hopp o Araujo- que están en la gestión estatal. Son científicos que se formaron en la universidad pública, con recursos de todos: su paga como investigadores es dinero público, pero piensan con lógica privada. Hugo Permingeat, por ejemplo, que llegó a ufanarse de ser cuadro de Monsanto. Nos debe interpelar que la producción de conocimiento del Estado sea para el sector privado. Naturalizan ese discurso, están formateados en esa supuesta neutralidad. El aparato de conocimiento público se maneja con lógicas como si fuera una empresa privada. La ciencia en Argentina forma empleados para Monsanto, pero lo hace con un presupuesto público.
Funcionarios transgénicos
¿Cómo inciden el ministro de Ciencia, Lino Barañao, y el director de Biotecnología, Martín Lema?
Barañao es central. En 2008 cuando asumió el ministerio dijo que las tres líneas de acción serán biotecnología, nanotecnología e ingeniería informática. Ahí no sólo dice dónde va a ir el financiamiento público, sino también qué lógicas de producir conocimiento -ya insertas en facultad de biología y agronomía- se iban a expandir a otra universidades. Hoy en las ciencias sociales tenés que homologar el currículum del mismo modo que en las ciencias biológicas.
¿Cómo?
La lógica de cómo te evalúan es la misma. Pusieron la misma cantidad de papers en Ciencias Sociales y en Naturales, cuando son lógicas de producción de conocimiento completamente diferentes. Un biólogo molecular puede hacer 50 papers cortos. En uno hace foco en un elemento y puede hacer 50 con otros focos. Y hay más revistas para publicar. En Ciencias Sociales no hay muchas revistas del estatus que estipula el Conicet. La única manera de tener 50 papers es copiando y pegando. El procesamiento de información lleva más tiempo y elaboración que las investigaciones de laboratorios. Lino Baraño lo dijo en sus discursos de manera subrepticia. Esa política de Estado se deja ver hoy. Y dice que quienes hacemos sociales hacemos teología.
¿Por qué?
Atilio Borón le respondió en público. Barañao atrasó 500 años sobre la ciencia, volvió al oscurantismo. Dijo eso porque las ciencias sociales no tienen la metodología de las naturales. Entonces, para él, no es ciencia.
¿Qué rol juega Martín Lema?
Cuando comenzaron a tener problemas porque se dieron cuenta que la Conabia era un espacio que podía entrar en riesgo por las decisiones que tomaban, crearon un organismo -que luego originó la Oficina de Biotecnología- donde se toman las decisiones políticas, y la Conabia se queda con lo técnico. Pero, en realidad, la que siempre siguió tomando la decisiones, con disfraz técnico, fue la Conabia. El director de Biotencnología (Martín Lema) lo que hace es desviar la mirada política que puede pesar sobre la Conabia. Tampoco es menor quién es Lema. Está formado en el riñón de las biotecnológicas de la Universidad de Quilmes, es director de un posgrado sobre el tema. Su recorrido académico se dio donde todos piensan igual: no te cruzás un crítico de transgénicos ni de casualidad.
Evangelizadores
¿Qué otras miradas debiera haber en un ámbito donde se aprueban los transgénicos?
Las ciencias sociales hoy están ausentes. Tampoco hay licenciados en ciencias ambientales. Las ciencias duras están impregnadas siempre con una mirada pro transgénica. Pero va más allá de las disciplinas. El problema es la perspectiva del espacio que está trabajando. Al momento de evaluar se deben tener en cuenta las externalidades que puede provocar esa semilla, migraciones, enfermedades, impacto ambiental...
¿El problema es de perspectiva?
Tiene que ver con el proyecto político. Si priorizás la producción de valor, siempre será lo mismo. Y ahí te sirve una Conabia como la actual, que es un organismo claramente pro-transgénico. Muchos científicos tienen una perspectiva evangelizadora de los transgénicos, de la biotecnología. Ellos son los que saben que los transgénicos no son malos, entonces no hay nada mejor para la gente... (sonríe). La frase del secretario de Agricultura que creó la Conabia, Marcelo Regúnaga, fue que sólo por ignorancia o por ideología se pude estar en contra de lo que es la revolución del siglo 20: la biotecnología. Es la línea política del proyecto del país desde lo 90, pleno neoliberalismo, y en la que el kirchnerismo marcó una continuidad.
¿Cómo definir la incidencia de la Conabia en el modelo agropecuario?
La Conabia es la que decide qué semilla se va a utilizar en el modelo actual, que tiene a los transgénicos como eje central. Al mismo tiempo está diciendo cómo nos alimentaremos y qué modelo habrá. La Conabia aprobó la soja transgénica en el 96 y al mismo tiempo todo lo que vino con la soja: agrotóxicos, desmontes, desalojos. Al avalar una semilla, avalan un modelo productivo.
Con un papel tan central, ¿por qué siempre pasó desapercibida?
Siempre fue un organismo muy resguardado. Cuando comienzan a visibilizarse ciertos conflictos públicos con los transgénicos, crearon la oficina de biotecnología para canalizar las discusiones políticas. Y la Conabia, sólo aparentemente, quedó con el aspecto “científico”. Siempre se generaron mecanismos políticos donde la Conabia pareció quedar resguardada. Funcionó con mucha impunidad durante 20 años, sin ninguna regulación. Por otro lado, las primeras luchas contra el modelo de agronegocios fueron por la tierra y la respuesta del Estado fue hablar de ordenamiento territorial. La Conabia miraba para otro lado, como si las semillas que había aprobado no tuvieran nada que ver.
Luego fueron los agrotóxicos...
Exactamente. El Estado va y crea una comisión en el Ministerio de Salud. El problema se vuelve a sacar de la Conabia. Recién ahora los movimientos sociales están empezando a focalizar en la Conabia, porque tiene gran responsabilidad y porque es el corazón de este modelo, donde se aprueban las semillas que luego traerán las consecuencias.
¿Qué se debiera hacer con la Conabia?
Si se quiere tener un trabajo serio sobre qué implican los transgénicos, hay que disolver la Conabia. Y se debe hacer pública toda la información desde que se creó. Nadie puede garantizar que no esté plagada de irregularidades.
* Publicado originalmente en Mu, el periódico de lavaca