El glifosato, su origen, las graves irregularidades que permitieron su aprobación en los Estados Unidos, los fraudes y juicios, y su arribo a la Argentina.
Artículo 1: Autorícese la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato de la línea 40-3-2 que contiene el gene CP4 EPSPS.
De esta forma concluye la resolución 167 de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación firmada por Felipe Solá el 25 de marzo de 1996. La medida, como puede leerse, avala el uso de un agente clave para el cultivo de la soja que aportaría millones a los gobiernos: el glifosato.
Pero su historia, tanto de la concepción del producto como de su llegada a la Argentina, se remonta mucho antes de la década del 90. Concebido por la estadounidense Monsanto a fines de los años 60, el glifosato –según CASAFE, una de las entidades que promueve su uso en el país– “se utiliza para eliminar la competencia de malezas en los cultivos por luz, agua y nutrientes”.
El herbicida, autorizado por primera vez en Norteamérica en 1974, combina elementos químicos que inhiben el trabajo de enzimas que permiten a las plantas llevar a cabo procesos esenciales para la supervivencia.
Jorge Kaczewer, investigador graduado en medicina por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y autor de “La Amenaza Transgénica”, detalló en su trabajo que el glifosato garantiza la erradicación de pastos anuales y perennes, vegetación de hoja ancha y especies leñosas,
“El glifosato ejerce su acción herbicida a través de la inhibición de una enzima, enolpiruvil-shikimato-fosfato-sintetasa (EPSPS), impidiendo así que las plantas elaboren tres aminoácidos aromáticos esenciales para su crecimiento”, aseguró.
Una de las particularidades de este químico es que no actúa de manera selectiva: elimina toda la vegetación. De ahí la manipulación genética que derivó en el desarrollo de la soja transgénica.
Sólo la incorporación del gen que resiste la potencia del glifosato permite a la oleaginosa continuar de pie y proseguir su crecimiento luego de las habituales fumigaciones.
Esta condición de, como se dice en el campo argentino, “matayuyo” de amplio espectro fue descubierta por John Franz, un experto de Monsanto que en 1987 recibió, en los Estados Unidos, la máxima distinción que premia a los logros tecnológicos. Esto es, la Medalla Nacional de Tecnología.
El hallazgo mencionado le reportó más laureles a Franz. Así, en 2007 el científico concretó su ingreso al Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos en Akron, estado de Ohio. Pero más allá de su efecto básico, lo que vuelve particular la evolución del glifosato como herbicida vital para el desarrollo del cultivo de moda en este país es la polémica que acompaña al químico prácticamente desde su génesis.
Una controversia que llega hasta nuestros días y refiere a la toxicidad del compuesto con el que se bañan millones de hectáreas en la Argentina.
Prácticamente desde su aparición, los estudios vinculados con la peligrosidad del glifosato requeridos para su aprobación en Estados Unidos han estado marcados por sucesivas denuncias de fraude. Junto con otros desarrollos similares, el herbicida de Monsanto fue protagonista de un escándalo que, revelado recién en 1983, destruyó la credibilidad de la industria de seguridad de los laboratorios en la nación del Norte.
El punto de partida del fraude nos ubica en 1976. Durante ese año, una serie de auditorías promovidas por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés) consignó errores y deficiencias en estudios elaborados por el Industrial Bio-Test Laboratories (IBT), uno de los laboratorios más importantes en cuanto a determinación toxicológica de pesticidas.
Sin mayores rodeos, la EPA acusó a IBT, establecimiento que promovió 30 estudios sobre glifosato y fórmulas comerciales a base del mismo desarrollo –entre estos, 11 de 19 sondeos diseñados para constatar su toxicidad crónica–, de falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre numerosas defunciones de ratas y cobayos sometidos al herbicida.
Sin mayor repercusión mediática, y sorteando las presiones y trabas de la industria química, la EPA recién hizo pública su denuncia en 1983. The Wall Street Journal fue uno de los primeros periódicos en divulgar la novedad.
La Natural Resources Defence Council (NRDC) , una organización ambiental conformada por más de un millón de científicos, abogados y especialistas en ecología, publicó ese año una crónica de lo revelado por la EPA dentro de IBT. Entre otras consideraciones, la NRDC remarcó que muchos de los productos que fueron falsamente declarados seguros aún circulan en el mercado mundial.
El artículo, que en la Argentina tradujo Alicia Vega , destaca que IBT condujo cientos de investigaciones para la mayoría de las industrias químicas de Estados Unidos, y que casi la mitad de sus estudios se utilizaron para el registro federal de cientos de productos, entre ellos insecticidas y pesticidas.
Sólo IBT condujo, en los años 70, más de 1.500 pruebas distribuidas entre sus instalaciones principales y dos laboratorios satélite. Un dato más contundente aún: de acuerdo a NRDC, entre el 35 y el 40 por ciento de las pruebas de toxicología concretadas en Estados Unidos en aquellos años fueron llevadas a cabo por esa empresa.
En mayo de 1981, siempre a espaldas de los medios de comunicación masiva, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra tres asociados de IBT. Como es de prever, el sector reaccionó a favor de los acusados, cuyas defensas rápidamente fueron asumidas por los mejores abogados de la industria química.
“IBT se convirtió en el mayor laboratorio del país porque sabían que este era el lugar donde las empresas podían obtener los resultados que querían”, argumentó, durante el caso, un investigador del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Una muestra de cómo funcionaban las cosas dentro del laboratorio puede ubicarse en un ejemplo aportado por la fiscalía durante la contienda judicial. En esa dirección, se probó que antes de trabajar para IBT a partir de 1971, el doctor Paul Wright actuó como toxicólogo en una división de Monsanto .
Los fiscales alegaron que Wright ingresó en IBT sólo para administrar las pruebas del CPT, un agente bacteriano desarrollado por Monsanto que luego integró la fórmula de numerosas marcas de desodorantes en aerosol.
En sintonía con la controversia que rodeó al glifosato desde su concepción, el CPT fue sospechado de causar atrofia testicular en ratas de laboratorio alimentadas con el compuesto.
Al parecer, Monsanto necesitaba un estudio “limpio” de IBT para, acto seguido, convencer a la administración federal de que el CPT era seguro y podía utilizarse en desodorantes.
La fiscalía expuso que Wright supervisó durante 18 meses las investigaciones sobre el CPT que se realizaron en IBT.
Tras ese período, el científico regresó a Monsanto no sin antes alzarse con una condecoración: fue designado nuevo Gerente de Toxicología para el departamento de Medicina y Salud Ambiental de la firma.
Antes, según la acusación legal levantada contra IBT, Wright participó en la redacción del informe final que derivó en la aprobación del producto.
El escándalo derivó en auditorias que fijaron en más de 10.000 los estudios fraudulentos aportados por ese establecimiento que se utilizaron para avalar la colocación comercial de diferentes compuestos. Estos permisos incluyen a la inmensa mayoría de los herbicidas e insecticidas que se utilizan en la actualidad.
Entre estos productos se ubicó, como es de suponer, el glifosato.
¿Cómo concluyó la contienda legal iniciada contra IBT? Pese a que se probó el fraude, las consecuencias para el laboratorio fueron bastante benignas.
El 11 de julio de 1983, la EPA ordenó retirar del mercado estadounidense 34 pesticidas siempre y cuando sus comercializadores no presentaran pruebas de toxicidad adicionales . El organismo determinó, además, que sólo el 16% de las pruebas realizadas por IBT sobre productos como los pesticidas en cuestión eran válidas.
A modo de reprimenda, EPA dejó de utilizar los servicios de IBT como área de testeo de nuevas sustancias. El castigo fue apenas ese.
Pero las denuncias sobre fraude en torno a la toxicidad del glifosato no se agotan en este caso en particular. Ya en 1991, la EPA volvió a denunciar a otro laboratorio por adulterar informes de seguridad. En esa ocasión, la firma cuestionada fue Craven Laboratories, que realizó estudios para 262 fabricantes de productos químicos.
EPA comprobó que el establecimiento falsificó estudios y cambió anotaciones de registros de laboratorio, además de adulterar el equipamiento científico a fin de vaciar de fiabilidad los resultados de las pericias.
Uno de los productos beneficiados por esta serie de imprecisiones provocadas fue el Roundup, la marca estrella bajo la cual Monsanto comercializa su glifosato. En 1992 tanto el dueño de Craven Laboratories como tres de sus empleados fueron declarados culpables de hasta veinte diferentes delitos penales.
Según comunicados del Departamento de Justicia estadounidense a los que accedió este autor, el 25 de febrero de 1994 Don Allen Craven, titular de Craven Laboratories, recibió una condena de 5 años a prisión mientras que su compañía fue multada con 15,4 millones de dólares por falsear pruebas de pesticidas que luego resultaron aplicados a cultivos alimenticios.
Al igual que en el caso IBT, EPA rescindió los contratos de prueba de químicos que mantenía con Craven Laboratories.
En Estados Unidos, donde el consumo agrícola de glifosato promedia las 65.000 toneladas anuales, el herbicida ostenta hoy el nivel de toxicidad III, lo cual implica reconocer que el químico es ligeramente tóxico y que, producto de esta calificación, en la etiqueta de venta comercial debe figurar la leyenda “Caution” (Cuidado).
EPA prepara para 2015 una nueva evaluación del plaguicida, para la que contará con la colaboración de su par canadiense de control de medioambiente PMRA (Pest Management Regulatory Agency).
Por fuera de lo sucedido en los Estados Unidos, también hubo cuestionamientos sobre los efectos del pesticida en el Viejo Continente.
Así, a principios de 2007 Monsanto fue hallada culpable por un tribunal de Lyon, Francia, de publicidad engañosa por presentar al Roundup como biodegradable y alegar, además, que el herbicida respeta el medioambiente y deja el suelo totalmente limpio de toxinas.
En Europa, desde 2001 el glifosato está clasificado como tóxico para los organismos acuáticos y, además, se lo identifica como un producto que puede acarrear efectos nefastos para el ambiente a largo plazo.
Previo a la condena a la multinacional –que debió abonar una multa casi simbólica de 5.000 euros–, según sucesivos artículos publicados por el diario francés Libération, un equipo de investigadores franceses demostró, además, que el “glifosato formulado provoca las primeras etapas de la cancerización” en las células.
En su fallo, el tribunal de Lyon expuso, con respecto al Roundup de Monsanto, que “la utilización de expresiones como biodegradable o deja el suelo limpio, utilizadas en las etiquetas del producto, pueden hacer creer falsamente a los consumidores acerca de su inocuidad total y de una degradación biológica rápida después de su uso, en tanto que en realidad puede permanecer durablemente en el suelo bajo la forma de glifosato, y expandirse en las aguas subterráneas”.
En la actualidad, el pesticida se comercializa en más de 140 países alrededor del mundo y acumula una porción en el mercado total de herbicidas no selectivos superior al 65 por ciento.
El ingreso y posterior uso del glifosato en la Argentina fue autorizado en 1977 por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Este permiso fue revalidado en 1999, bajo la gestión del funcionario del menemismo Ricardo Novo, mediante la resolución 350 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
En ambos casos, la aprobación se concretó sin que nunca se hicieran pruebas de toxicidad en laboratorios nacionales.
* Fragmento del libro "Envenenados"