Veinte años de glifosato en Argentina
"El glifosato es probablemente cancerígeno", declaró hace pocos meses la OMS a través de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. "¡Ya lo sabíamos!", responden vecinas y vecinos de zonas fumigadas de Argentina, que llevan veinte años descubriendo esa verdad científica en los cuerpos de sus familiares y más de una década reclamando soluciones. Rociado con más de 200 millones de litros de glifosato al año, el país se ha transformado en la prueba viviente de las consecuencias que provoca en la salud el herbicida más utilizado del mundo.
Desde sus primeras apariciones hasta hoy, para millones de personas de Argentina, el glifosato ha pasado de ser un nombre científico del selecto mundo de la ingeniería agrícola a un problema que se respira en la plaza de la escuela y por las ventanas del salón. El principio activo del potente herbicida, patentado inicialmente bajo la marca comercial Roundup Ready (RR) por la empresa Monsanto, comenzó a extenderse masivamente en el país allá por el año 1996, de la mano del primer cultivo genéticamente modificado: la soja RR resistente al glifosato. Por aquellos tiempos, nadie se imaginaba que 24 millones de hectáreas –más de la mitad de la tierra cultivada del país– pasarían a estar ocupadas por soja y que se rociarían con más de 200 millones de litros de glifosato cada año, según las estimaciones de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Nadie se imaginaba, tampoco, que la salud del pueblo argentino pasaría a ser un experimento; para eso, pensábamos, están las ratas de laboratorio.
Pero los precios internacionales de la soja transgénica comenzaron a aumentar. Al ritmo de la demanda de China y Europa, que importan el cereal para alimentación animal y agrocombustibles, estos cultivos fueron invadiendo los campos ganaderos y los bosques de la región pampeana, hasta que las fumigaciones llegaron a los límites de pueblos y ciudades. Entonces, las cosas empezaron a ocurrir: primero de forma invisible, en los cuerpos; luego, los cuerpos empezaron a hablar y en el colmado, entre la barra del pan y el paquete de yerba mate, las vecinas comentaban las cosas que pasaban. Poco a poco, fue llegando al hospital y la medicina le puso nombres: alergia, malformación, aborto espontáneo, cáncer.
UN TOQUE Y ADIÓS A LA VIDA
“Un toque y adiós a las malas hierbas”. Así se anuncia estos días en televisión el producto Roundup, el glifosato de Monsanto. En la pantalla, un hombre sonriente aplica en el jardín de su casa el herbicida que, como demuestran los estudios presentados, acaba afectando todo lo vivo que toca. Con la misma naturalidad, hoy el glifosato se vende en cualquier tienda de jardinería, floristería o cooperativa agraria. Con presentaciones a granel, a litros, concentrado o ahora en formato gel; tan fácil que hasta los niños acabarán jugando con él como con un desodorante. Exigir que las autoridades saquen estos productos de los escaparates no es alarmismo, es pura sensatez: ya son demasiadas las pruebas de que detrás de la publicidad engañosa, se esconde un veneno. Ya lo decía Víctor Hugo: “No hay malas hierbas ni hombres malos; solo hay malos cultivadores”.
LOS CUERPOS HABLAN
Una de las primeras alarmas que sacudió a la opinión pública de Argentina empezó a sonar en Ituzaingó Anexo, un barrio periférico de la ciudad de Córdoba rodeado de campos cultivados con soja transgénica y fumigados con distintos agroquímicos. Pese a que las madres llevaban años denunciando las enfermedades que se repetían en el barrio, fue en 2009 cuando se realizó un estudio oficial para averiguar lo que estaba pasando. El resultado fue que el 80 % de los niños y niñas que se examinó tenía agroquímicos en la sangre, y que el 33 % de las muertes del barrio se debían a distintos tipos de cáncer, la tasa más alta de mortalidad por esta causa registrada en todo el país. Tres años después, el caso de Ituzaingó llegaba a la Justicia. Con la condena de un productor y un aeroaplicador de los campos de la zona, la fumigación fue considerada, por primera vez en América Latina, como un delito.
Ituzaingó se convirtió así en el emblema, la punta del iceberg que asomaba en los medios de comunicación: detrás se encontraban una gran cantidad de comunidades afectadas. Muchas de ellas se reunieron en la Campaña Nacional Paren de Fumigar, y desde allí denunciaron las consecuencias que los agroquímicos estaban provocando en el ambiente y la salud. Tiempo después, el personal médico de esas comunidades decidió realizar el primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, donde se denunció la situación de varias regiones en las que "el aumento de casos de cáncer, de malformaciones congénitas, de trastornos endocrinos y reproductivos, se viene sufriendo y detectando desde que las fumigaciones sistemáticas con agrotóxicos se volvieron algo cotidiano".
Tras las numerosas voces de alerta, el iceberg, surgió de las profundidades y se denunciaron casos en Monte Maíz, un pueblo cordobés sitiado por campos fumigados, por parte de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba o en la provincia de Chaco, donde una comisión creada por el gobierno advirtió del aumento de malformaciones en toda la región y de casos de cáncer infantil en La Leonesa, otra localidad asediada por el uso de herbicidas y plaguicidas.
Mientras tanto, lejos de las casas y los consultorios, otras cosas pasaban. En 2009, en el Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el investigador Andrés Carrasco, por entonces director de esa dependencia, demostraba mediante un estudio que la exposición a dosis mínimas de glifosato provocaba malformaciones en embriones de anfibios, resultado que era extrapolable a los seres humanos. Haciéndose eco del estudio, la Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se prohibiera el uso y la venta de glifosato en el país hasta que se investigaran sus efectos. Inmediatamente, Carrasco comenzó a sufrir amenazas y presiones de todo tipo. "Lo que sucede en Argentina es casi un experimento masivo", declaraba al diario Pagina 12, días después de los ataques.
A 800 kilómetros de aquel laboratorio, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los investigadores Delia Aiassa y Fernando Mañas rastreaban las consecuencias de los plaguicidas en los propios genes de las personas expuestas. Los análisis que este equipo realizó en Marcos Juárez, una ciudad cordobesa rodeada de campos pulverizados, demostraron que incluso las personas adultas que viven a mil metros de las fumigaciones poseen daños genéticos, lo cual aumenta el riesgo de sufrir abortos espontáneos, malformaciones y distintos tipos de cáncer.
En España: caminos para quitar el herbicida de campos y jardines
España es uno de los estados que más agroquímicos utiliza dentro de la Unión Europea, y desde luego con un abuso del glifosato en muchas presentaciones. El herbicida no solo se encuentra en los campos de cultivos, su aplicación es también muy común en parques, jardines y calles de pueblos y ciudades. Desde la organización Ecologistas en Acción alertan, además, de que la legislación española es la más permisiva en el uso de glifosato. Una permisividad que puede observarse en el estudio que Amigos de la Tierra elaboró en 2013, el cual encontró que hasta un 40 % de las muestras de orina tomadas en el Estado español contenían glifosato.
Diversas iniciativas han sido llevadas adelante hasta ahora para restringir el uso de este herbicida en agricultura y jardinería. En Canarias y Andalucía, por ejemplo, el glifosato ya ha sido prohibido en varios municipios.
En Cataluña, la organización Som lo que Sembrem desde hace ya tres años busca alertar a los ayuntamientos acerca de los peligros del herbicida y exigir información sobre su aplicación. La propuesta ya ha llevado a la presentación de instancias administrativas en cincuenta ayuntamientos por parte de la ciudadanía y de organizaciones preocupadas por esta problemática. De manera similar, Ecologistas en Acción ha presentado en 22 ayuntamientos de Extremadura y en las Consejerías de Educación y Cultura y de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía una iniciativa para la prohibición del uso de herbicidas en espacios públicos, y su sustitución por otros métodos que no suponen un riesgo para el medio ambiente ni para la salud pública, tal como se ha hecho en otros países europeos.
¿QUÉ DIJO LA OMS?
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), institución perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el pasado marzo que el glifosato es probablemente cancerígeno para los seres humanos y que provoca daños genéticos. Esta es la conclusión a la que llegaron diecisiete especialistas de once países, tras investigar la peligrosidad de este agente para la salud humana. De esta manera, el herbicida usado en más de 700 productos diferentes para aplicaciones agrícolas, urbanas y hogareñas ha sido reclasificado, ubicándose en la segunda categoría más alta relacionada con el cáncer.
La IARC afirmó en su informe que hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y pruebas limitadas de su carcinogenicidad en humanos. Esto último significa que hay una asociación positiva entre la exposición a la sustancia y el cáncer, pero que no pueden descartarse otras explicaciones.
LOS VENENOS SE ACUMULAN
Como resalta el biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente, la clasificación de la peligrosidad de los plaguicidas solo considera las exposiciones agudas, sin contemplar las exposiciones crónicas, a bajas dosis, que se están sufriendo desde hace años. Los agrotóxicos, y el glifosato en particular, llevan décadas acumulándose silenciosamente en los cuerpos y en el ambiente de un sinfín de países, una situación de la que Europa no está excluida, y que con mayor o menor magnitud provocará efectos visibles solo en el largo plazo.
Tal como reconoció la propia agencia de la OMS en su informe, el producto que acaba de ser clasificado como "probablemente cancerígeno" ya se encuentra en la sangre, en la orina, en los alimentos y en el agua de innumerables regiones. Pero hay más: un estudio del US Geological Survey publicado en la revista Enviromental Toxicology and Chemistry que analizó la presencia de estas sustancias en el río Misissippi de Estados Unidos descubrió que un 77 % de las muestras de agua de lluvia contenían glifosato. Algo similar descubrieron especialistas argentinos del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad Nacional de La Plata: tras analizar el agua de lluvia en zonas urbanas y periurbanas de la región pampeana entre 2012 y 2014, detectaron que el glifosato estaba presente en el 90 % de las tomas.
En Argentina, es muy fuerte el reclamo para que el gobierno prohíba el uso del herbicida pero los intereses de las grandes empresas que lo producen –entre ellas Monsanto, Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor, YPF y Nidera– y la desidia de los gobiernos explican en gran parte que a pesar de las innumerables pruebas de sus graves impactos en la salud pública, este producto pueda seguir usándose indiscriminadamente.
Después de veinte años de cuerpos enfermos y voces silenciadas, ha llegado el momento de que la decisión política transforme las muertes causadas en un doloroso paso hacia una agricultura que priorice la vida por sobre la venta.
PERMISOS Y PROHIBICIONES EN EUROPA
El informe de la IARC-OMS ya ha comenzado a tener repercusiones en algunos países europeos. El caso más resonante es el de Holanda, donde el Parlamento ha prohibido recientemente la venta de herbicidas a base de glifosato a particulares. Así, a partir de fines de 2015, en el país estará prohibido el uso no comercial del producto que, al igual que en España, era utilizado comúnmente para el control de malezas en parques, jardines y hogares. En la misma línea, el Ministerio de Protección al Consumidor de Alemania ha aprobado recientemente una resolución en la que pide prohibir la venta y el uso del herbicida en el caso de clientes particulares y señala la necesidad de que deje de aplicarse en jardines y espacios públicos. Además, desde esa dependencia destacaron que el uso de glifosato debería ser restringido en toda la UE.
La declaración del ministerio alemán llega en un momento clave, ya que la aprobación del glifosato en la UE vence a fines de 2015, momento en que la Comisión Europea debería definir si renueva este permiso. Justamente, las autoridades alemanas son las encargadas de reevaluar la toxicidad del herbicida en este proceso y el informe que dieron a conocer el año pasado a través del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania iba exactamente en la dirección opuesta a la reciente resolución ministerial: el documento aseguraba que el glifosato no tiene propiedades carcinogénicas y no presenta riesgos para la salud humana, afirmaciones que la agencia de la OMS acaba de desmentir.
* Publicado originalmente en Revista Soberanía Alimentaria