A 9 años del asesinato político de Mariano Ferreyra
El pecho rojo de Mariano Ferreyra. La garganta sin voz y las piernas muertas de Elsa Rodríguez. Los dedos en V de José Pedraza. Una locomotora oxidada y fatigosa. Una hilera infinita de vagones vacíos que se detienen en ninguna parte. Sindicatos ricos, holdings gremioempresariales, ex trabajadores cesanteados, humillados, con la dignidad arrancada de cuajo. Megaempresas con ferrocarril propio, funcionarios enriquecidos, un Estado transatlántico en hundimiento, otro Estado delgado, abyecto y policial. Miles de tercerizados (precarizados) en estado de mendicidad laboral, satélites del ferrocarril que ya no es. Sindicalistas empresariados, gordos, burócratas, socios de la cara más despiadada del poder.
El 19 de abril de 2013 las imágenes rodaron como una ruleta enloquecida por el recinto. Dos años y seis meses antes una bala de la barrabrava de la Unión Ferroviaria había hecho estallar el corazón de un chico de 23 años. Un pibe que, en las vías de un mundo de hostilidad manifiesta amasaba su revolución diaria. Había elegido militar en el Partido Obrero. A pocos metros caía Elsa Rodríguez, semiviva hasta hoy, veinticuatro años mayor, desarticulada por su propia y dura historia y por el ataque artero de los comandos de Pedraza, con el sendero amablemente abierto por la policía federal.
“Eran una horda de encapuchados y violentos”, recriminaron los abogados de Fernández y Uño. La “horda”, eran los tercerizados. Fernández, el segundo de Pedraza en la Unión Ferroviaria, condenado a 15 años como “partícipe necesario”. Guillermo Uño, el picaboletos acusado de retirar las armas de la escena de la muerte, absuelto.
La “horda” era Mariano. Eran Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Era Elsa Rodriguez, esa mujer que saltó las aguas y dejó atrás su Montevideo de candombes y negritudes cuando Argentina saboreaba las esperanzas de dejar atrás la muerte planificada de los uniformes. Huía de pobrezas viejas. Con un marido que cerraría todas las puertas en un adiós definitivo y siete hijos por abrazar. “No teníamos para comer, no teníamos zapatillas, no teníamos nada. Todos los días hacíamos fuego. Pedíamos azúcar a los vecinos. Lo que vivió mi mamá no se lo deseo a nadie. Siempre luchando, limpiando casas por dos pesos con cincuenta”, contó alguna vez una de sus hijas.
El Estado
El 19 de abril de 2013 el Tribunal Oral Criminal 21 condenó a un ápice del poder. En una tierra donde el poder es históricamente impune. Y donde de los asesinos sólo se condena a la mano de obra. Para Maximiliano Medina, uno de los abogados del CELS que patrocinó a la familia de Mariano Ferreyra, “la responsabilidad del estado está probada con la condena de los funcionarios policiales, considerados por la Justicia cómplices o partícipes necesarios del homicidio”, dijo a APe. El juicio demostró que “todo el entramado económico en el que se fundó el motivo del crimen, que es un crimen político, involucraba a la Unión Ferroviaria, a las empresas concesionarias, parte de Ugofe, y a la connivencia por acción u omisión de la secretaría de Transporte a cargo de Schiavi y Antonio Luna. En ese entramado el Estado tuvo su participación”. Pero: “distinto es atribuirle responsabilidad penal a alguno de esos funcionarios públicos”. Para el CELS “la cadena de responsabilidad penal (no política) finaliza en Pedraza”.
Premeditaciones
Se planta desde esa voz con resonancia de corazón y ovarios. “Condenaron individuos para salvar al sistema”, tituló en entrevista con APe. Para María del Carmen Verdú, el rostro ineludible de la Correpi, se concentra tumultuoso el hueso profundo del fallo.
Sintió la mirada acusatoria del juez Horacio Dias cuando dijo “Verdú muestra, pero no demuestra. Es la diferencia entre una prueba y una manifestación de principios, entre una demostración científica y un truco de magia”. Y ella responde: “Era hora de que los jueces se avivaran de que cuando Correpi litiga, lo hace para hacer una manifestación de principios y no para quedar atrapada en una legalidad que no es nuestra. Hay proposiciones que no necesitan prueba porque son evidentes. Para decirte que es de día no necesito hacer un test químico. Me basta con mirar por la ventana y ver que hay luz. Ese tipo de proposiciones que no necesitan prueba, porque son evidentes, se llaman axiomas. Frente a un axioma que pone en riesgo los intereses de la burguesía obviamente sus intelectuales van a utilizar falacias y mentiras para tratar de ponerse a salvo. La falacia es plantear que lo que pasó en Barracas no es la consecuencia de un plan criminal común sino de que las fuerzas de seguridad no comprenden las políticas de no criminalización de la protesta”.
No había, para el tribunal, premeditación ni planificación alguna. Era un ataque como tantos para los jueces y lejos estaba de buscar sangre y aniquilación. “La muerte no es para nada garantía de perpetuarse en el poder. Es el final del juego”, leyó Horacio Dias. Y devino el listado ejemplificador: el asesinato de Omar Carrasco, en 1994 fue el final del servicio militar obligatorio; los de Kosteki y Santillán, en 2002, el QEPD del gobierno duhaldista y, mucho antes aún, en 1991, el crimen de Walter Bulacio, el final de las razzias policiales. Verdú lo percibió como advertencia. Ese mismo día se cumplían 22 años de la detención del chico que amaba a los Redondos. Aquel que con otros diez pibes como él escribió en una pared de calabozo “caímos por estar parados” y que moriría por tortura policial siete días más tarde.
El Tribunal no vio ni “participación premeditada de dos o más personas” ni “convergencia intencional para matar”. Para el Tribunal –dijo Verdú- “estas 10 personas que condenaron por homicidio en realidad cometieron un homicidio individual, simple y entonces uno tiene que concluir que dio la casualidad, por un alineamiento de los planetas, por un episodio extraordinario, que todos, al mismo tiempo y en el mismo lugar, hicieron lo que tenían que hacer pero no estaban de acuerdo”.
Charlas en confianza
Para Medina (CELS) la conversación campechana y confianzuda entre el ministro de Trabajo Carlos Tomada y Pedraza, tres meses después del asesinato de Mariano, “es bastante desagradable. Se sabe que Tomada fue abogado de la UF. Pero no podemos simplificar y decir que por esa conversación Tomada tuvo responsabilidad en el asesinato”, dijo el abogado a APe. “Demuestra –sostuvo- que tenía una relación de confianza y que hablaba de cuestiones políticas que hacían al mismo funcionamiento del sindicato”. Para Verdú (Correpi), “eran socios discutiendo sobre un problema común que tienen que resolver en común porque afecta sus intereses comunes”. En cambio el Tribunal decidió interpretar que la conversación por parte del Ministro tenía el tono de quien quería sacarse de encima un lastre que pesaba cada vez más.
Historia de la caída
El 20 de octubre de 2010 Mariano dejó parte de su corazón en las vías del Roca. Donde con el PO acompañaba la resistencia de los tercerizados, esclavitud maquillada del siglo XXI. Nacida del ferrocidio planificado, extendido en más de 40 años y consumado en los 90, con tormentos incluidos.
El Plan Larkin de Arturo Frondizi (con elucubración clarísima de Alvaro Alsogaray, que volverá en los 90 a depositar la cereza en su postre) comienza el sendero de caída de los ferrocarriles. Para 1976 ya había 3 mil kilómetros menos de vías. La dictadura clausuró 10 mil kilómetros más y redujo el personal en un 40%.
En 1990 Carlos Menem nombra a José Pedraza –un sindicalista de pasado marxista convertido al peronismo pragmático- en una gerencia de Ferrocarriles Argentinos. A la hora de la privatización, el hombre dejó amigos clave en directorios de las concesionarias. Fue él quien firmó con el Banco Mundial la financiación de los retiros voluntarios que sellaron el desempleo de cien mil ferroviarios. En su voracidad, buscó que la Unión Ferroviaria se quedara con un servicio rentable. “Si hay que clausurar ramales se los debe clausurar, si hay que despedir a la mitad, hay que hacerlo también. Los talleres tienen que ser competitivos porque si no les van a comprar a otros”, dijo en el Congreso. Entre 1997 y 1999 se cocinó la adjudicación del Belgrano Cargas (decreto 685/97) con un subsidio de 45 millones de pesos / dólares durante cinco años. Diez mil kilómetros de vías que comunicaban 13 provincias y abrían el acceso a tres países. Un negocio impecable.”
La repartija del servicio de cargas fue equilibrada y justa: a cada megaempresa le tocó un tren para su propio usufructo. Ferrosur (ex General Roca), para Loma Negra, hoy Camargo Correa. Nuevo Central Argentino (ex General Mitre), para la Aceitera General Deheza. Ferroexpreso Pampeano (ex Sarmiento), para Techint. Ferrocarril Central (ex General San Martín), originalmente para la metalúrgica Pescarmona, luego para la brasileña América Latina Logística (ALL). Ferrocarril Mesopotámico (ex General Urquiza), también para la brasileña ALL. Belgrano Cargas, para la Unión Ferroviaria. En 2006 fue declarado en estado de emergencia a partir de la espectacular gestión de Pedraza y asumieron los concesionarios Franco Macri, los chinos Hopefull Grain, Aldo Roggio, Hugo Moyano (no voy en tren, voy en camión), José Pedraza (como si nada hubiera sucedido) y Omar Maturano.
En desencanto
De más de 200 mil ferroviarios de punta a rabo del país quedaron 12 mil. Los 45 mil kilómetros de vías gloriosas de los años 40 eran 34 mil a fines de 1989: la ley de Reforma del Estado ya tenía los colmillos sobre la yugular del patrimonio del país. A fines del 2009 25 mil kilómetros estaban inutilizables. Con 800 pueblos muertos o afantasmados. Esqueletos de estaciones perdidas en el medio de la nada.
Cien mil ferroviarios cesanteados implican medio millón de personas afectadas en forma directa. Medio millón de desesperanzas, de desilusiones, de desesperaciones, de días vacíos, de futuro desbarrancado. Los trabajadores que las concesionarias fueron empleando eran montoncitos de cooperativas, contratistas ad hoc: los tercerizados. La concesionaria del servicio del Roca, la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) emplea a 1.500 trabajadores tercerizados a través de 15 empresas diferentes. Vías, obras, limpieza, seguridad, son todas tareas encuadradas en el convenio ferroviario. Pero están inscriptos en UOCRA o Comercio y no llegan a cobrar la mitad de los salarios de los efectivos.
En esas vías, en las del Roca, se paró Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010. En esas vías le estallaron el pecho no por Mariano sino por indomable. No por Ferreyra sino por cuerpo joven en una resistencia colectiva. Su crimen es el crimen de un barrabrava, del sindicalismo empresario, de la policía cómplice, del Estado pensado para el privilegio, de los funcionarios secuaces. El crimen de la historia misma de un país en desencanto.
* Publicado originalmente el 23 Abril de 2013, en Agencia de noticias Pelota de trapo