Un modelo que genera commodities potencia las economías regionales pero hace padecer a sus poblaciones. Toneladas de agrotóxicos se rocían cerca de localidades rurales y los venenos alcanzan todo lo que se consume.
En la Argentina, cerca de 12 millones de personas sufren 50 fumigaciones de agrotóxicos al año por vivir en pueblos próximos a los 20 millones de hectáreas de monocultivos. Allí, una de cada tres muertes es por cáncer, apuntaron profesionales de la salud y científicos congregados en lo que fue el III Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados.
Pero las cosas no se circunscriben sólo a las áreas rurales. La alta volatilidad de los venenos hace que viajen a cientos de kilómetros y se desparramen por todo el país y, por supuesto, contaminen todo lo que consume la sociedad. De hecho, un estudio de la Universidad Nacional de La Plata detectó la presencia de glifosato en todos los derivados de algodón que, por cierto, es transgénico.
A la palabra de los profesionales se sumaron las voces de docentes que dan clases en lugares donde las avionetas, comúnmente conocidas como mosquitos, fumigan a toda hora y donde el olor vuelve irrespirable las aulas.
También los testimonios de personas que padecen enfermedades derivadas de los agrotóxicos ilustraron la cara más tenebrosa delboom de los transgénicos. Con su voz aguda y fuerte, Fabián Tomasi contó su historia como ex peón rural: “Todo lo hacíamos vestidos con shorts, descalzos y bajo el calor del verano”. Tomasi hoy pide ayuda a su madre para poder moverse y pone al descubierto, de este modo, la irresponsabilidad con la que se mueven los empresarios del agro en cuanto a las medidas de seguridad (Fabián Tomasi, de Entre Ríos | “Soy la sombra del éxito de los transgénicos”).
Pero la indiferencia no es sólo del patrón sino también de intendencias y gobiernos que miran para el costado porque, claro, los OGM (organismos genéticamente modificados) son redituables. Para intentar resguardar el futuro, el Congreso acordó la presentación de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación de los derechos de los niños expuestos a los agrotóxicos utilizados para los monocultivos.
Darío Ávila, abogado de la Red de Médicos de pueblos Fumigados, sostuvo que la presentación ante la CIDH se decidió ante la falta de respuestas de los estados provinciales y nacional.
El riesgo en la salud
Como las intendencias tampoco respondieron a la solicitud de análisis toxicológicos que reclamaban médicos y pobladores, la Universidad de La Plata decidió asumir los pedidos y tomar muestras de sangre y agua. El estudio arrojó siete agrotóxicos distintos, tanto en humanos como en lagunas y ríos. Una muestra sobre la capacidad de transporte atmosférico de largo alcance que tienen los agroquímicos.
De esta manera, el viento arrastra los tóxicos que quedan esparcidos en escuelas, viviendas y fuentes de agua. Los peones del campo manipulan sustancias sin el equipo protector necesario y la gente almacena agua en contenedores de pesticidas que deberían haber sido destruidos.
“El cambio en la forma de producir, francamente cambió el perfil de enfermedades”, dijo Medardo Ávila Vázquez, pediatra y cofundador de Médicos de Pueblos Fumigados, parte de un creciente movimiento que exige la aplicación de normas seguras en la agricultura. “Nos hizo perder una población bastante sana. Ahora vemos una población con altas tasas de cáncer, niños que nacen con malformaciones y enfermedades que eran muy infrecuentes”, añadió el pediatra.
Miembro del equipo organizador del congreso, Ávila Vázquez explicó que el objetivo de este año es “centralizar la información sobre el impacto de los agroquímicos en los pueblos rurales. Hay datos epidemiológicos y trece papers que publicaron nuestros compañeros del Conicet que prueban que el glifosato afecta la estructura de las células de humanos y otros animales que son fumigados”, dijo.
El doctor Damián Verzeñassi, director del programa de Medio Ambiente y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja desde 2010 en estudios epidemiológicos en la provincia de Santa Fe. Verzeñassi comprobó que en el norte de la provincia las tasas de cáncer son entre dos y cuatro veces el promedio nacional, incluidos el cáncer de pecho, de próstata y de pulmón. También se comprobaron altos índices de trastornos en la tiroides y de problemas respiratorios crónicos.
Por su parte, la médica María del Carmen Seveso dirige desde hace 35 años las unidades de terapia intensiva y comisiones de ética en hospitales del Chaco. Seveso se alarmó al ver que, según certificados de nacimiento, los defectos congénitos de los bebés se habían cuadruplicado de 19,1 a 85,3 por cada 10.000 nacimientos, desde que se aprobó la siembra de cultivos modificados genéticamente.
Empeñados en hallar las causas, Seveso y su equipo médico encuestaron a 2.051 personas en seis pueblos del Chaco. Comprobaron que hay más enfermedades y defectos en los pueblos agrícolas que en pueblos ganaderos. Malformaciones de nacimiento, deformaciones del cerebro, médulas espinales expuestas, ceguera o sordera, lesiones neurológicas, infertilidad y problemas inusuales en la piel fueron las patologías encontradas.
Rociar veneno, hacer dinero
Según Ávila Vázquez, la Argentina es una de las naciones que más consume agroquímicos. “A diferencia de otros países, donde el límite establecido es de tres litros por hectárea, aquí se utilizan hasta doce y en total son 200 millones de litros de glifosato los que se usan anualmente, lo que es igual a cinco litros por habitante al año”, agregó el especialista.
El uso indiscriminado de venenos para cultivos transgénicos obedece al peso y la influencia del agronegocio. Un pacto millonario que mueve las economías regionales, genera trabajo y colabora con el ingreso de commodities a través de las retenciones a las exportaciones, pero devasta los suelos y enferma a su población.
Oponerse no es fácil porque, la mayoría de las veces, las localidades viven del agro y del trabajo que la industria genera. Un engranaje productivo en donde los peones rurales, los vendedores de maquinaria agrícola, ingenieros agrónomos y comerciantes se retroalimentan.
En el norte de Santa Fe, las producciones de batata, arroz, soja y girasol rodean a los establecimientos educativos de los parajes que los maestros definen como “escuelas fumigadas”. También los silos están pegados a los pueblos y cada vez que los airean, los tóxicos llegan a toda la población.
“En una localidad santafecina, una maestra sufría con sus alumnos las fumigaciones en los campos vecinos, pero su marido era el proveedor de la empresa fumigadora”, describió Ávila Vázquez para dar cuenta de lo complicado que es intentar cambiar algo cuando los beneficiarios terminan siendo los propios pobladores que sufren la espada de los venenos sobre sus cabezas. Una paradoja entre el poder del dinero y la mirada cortoplacista sobre la salud.
“Los mismos productores hablan de los agrotóxicos que usan, aunque luego se enferman con el agua de las napas que contaminan. Sus propios dirigentes no se atreven a advertirles que esa tecnología va contra ellos, que así los únicos que verdaderamente ganan con nuestra agricultura son las transnacionales que les venden el paquete”, advirtió Jorge Cazenave, ex subsecretario de Agricultura.
En concordancia con Cazenave, Ávila Vázquez afirmó que cuesta hacer circular la información por la “enorme cantidad de dinero que Monsanto destina para estafar a los pueblos con falsas pruebas sobre la inocuidad del glifosato”.
Sin marco regulatorio
Los agricultores usan glifosato en concentraciones cada vez más altas y lo mezclan con sustancias mucho más tóxicas, como la 2-4D, empleada por los militares estadounidenses en lo que se bautizó como el “Agente Naranja” para deforestar las selvas durante la guerra de Vietnam.
En 2006, una división del Ministerio de Agricultura argentino recomendó que las etiquetas advirtieran que el uso de mezclas de glifosato y sustancias más tóxicas debe limitarse a “áreas agrícolas, alejadas de viviendas y centros poblados”. Pero la recomendación no se cumple en gran parte del territorio nacional.
“Más de cien pueblos sacaron reglamentaciones para que los acopios se alejen de la población y las fumigaciones se efectúen a más de tres kilómetros de la gente, pero no existe una ley nacional que regule qué cultivar y dónde debe hacerse”, explicó Ávila Vázquez.
Un tercio de las provincias no prevé límite alguno y la mayoría no tiene políticas detalladas de cumplimiento de las normas.
Fallo judicial histórico por contaminación con agroquímicos
En 2012, la Cámara 1º del Crimen de Córdoba condenó a un aeroaplicador y a un productor a tres años de prisión de cumplimiento no efectivo por poner en riesgo la salud de los vecinos del barrio Ituzaingó Anexo.
Los procesados fueron Francisco Parra y Edgardo Pancello, quienes estaban acusados de practicar fumigaciones ilegales, desconociendo la normativa provincial y municipal que en su momento prohibía las aplicaciones en proximidades a viviendas.
La condena se basó en la violación a la Ley nacional de Residuos Peligrosos, que prevé penas con prisión efectiva para quienes utilicen determinadas sustancias en detrimento del ambiente y de la salud de personas.
Parra había incurrido en este delito en octubre de 2003, febrero de 2004 y 2008, mientras que Pancello fue considerado coautor de contaminación ambiental en 2008.
La causa fue pionera en el país por este tipo de delito y tenía a seis imputados.
En diez años, 142 personas contrajeron cáncer y 82 murieron en la localidad cordobesa. Y en estudios a 114 niños que vivían en ese barrio, dio positiva la presencia de agroquímicos en sangre.
Cada vez que comenzaban las fumigaciones, las familias salían a la calle a contemplar la avioneta. Ese espectáculo no tardó en convertirse en su peor pesadilla: las noticias sobre los vecinos que se enfermaban eran cada vez más.
Fue entonces cuando, alarmados, se organizaron y presentaron denuncias que derivaron en una causa que durante diez años estuvo paralizada, hasta que en 2012 finalmente cobró impulso y la Cámara de Apelaciones de Córdoba la elevó a juicio. “Es la primera vez que en la Argentina un tribunal de alzada analiza el delito de contaminación ambiental por utilización indebida de agroquímicos”, dijo en su momento el fiscal de instrucción de la causa, Carlos Matheu.
La llamada “causa madre” por contaminación dolosa con agroquímicos en Ituzaingó Anexo tuvo como imputados, además de Parra y Pancello, al aviador Gustavo Alejandro Peralta Amaya, a los directivos de la firma Tecnocampo Javier y Fernando Amuchástegui y a la ingeniera agrónoma y empleada de esa misma empresa, Alejandra del Carmen Mendizábal Pizarro.
El expediente incluyó dos hechos: el primero ocurrió el 2 de marzo de 2004, cuando Parra efectuó, a través de un aeroaplicador no identificado, una fumigación área de un agroquímico sobre el campo donde cultivaba soja, apenas a 400 metros del barrio.
Los vecinos del barrio Ituzaingó Anexo se organizaron y denunciaron todo lo que pudieron. Entonces, las fumigaciones se hicieron de noche.
Desde el año 2002, Ituzaingó Anexo había sido declarado en emergencia sanitaria a raíz de la existencia de numerosas casos de cáncer entre su población, presumiblemente por la contaminación con productos agrotóxicos. Fue por eso también que, en 2003, directamente se prohibió la aplicación de plaguicidas a menos de 2.500 metros de cualquier vivienda a través de la ordenanza municipal número 10.590.
Nada de eso pareció importarle a Parra. Y por eso fue juzgado por el delito de contaminación ambiental dolosa, en los términos del artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051.
Los otros hechos ocurrieron más tarde, en 2007, cerca del barrio Las Quintas Country Club, de la comuna Los Cedros, también en Córdoba, en un campo sembrado con soja y maíz explotado por Tecnocampo. El 21 de enero de ese año, el coimputado y piloto Gustavo Peralta realizó una aplicación con el agroquímico deltamax, en connivencia con Pancello y a pedido de los hermanos Amuchástegui. La fumigación se repitió el 19 de febrero, esta vez con cipermax y, presumiblemente, endosulfán, agroquímico prohibido desde 2012 en la Argentina debido a su alta toxicidad. Fue Mendizábal Pizarro la que, al menos en este último caso, entregó los agroquímicos para la fumigación. Ambas fueron a una distancia de entre 6 y 10 metros.
Mientras tanto, la ley de agroquímicos provincial 9.164 sancionada a mediados de 2004 prohibía la aplicación aérea de agroquímicos en un radio de entre 500 y 1.500 metros según el grado de toxicidad del químico.
Fue la primera y única vez que en la Argentina una cámara de casación juzgó el delito de contaminación ambiental por agrotóxicos allanando así el camino para un fallo que es vinculante para todos los fiscales y jueces de Córdoba y jurisprudencia ejemplar para todo el país.
* Publicado originalmente en Miradas al Sur