Hace una semana incendiaron la casa de la anciana mapuche Audelina Valle en la comunidad Las Huaytekas en el Paraje El Foyel, la misma zona de la Patagonia donde el Presidente vacaciona en lo de su amigo Joe Lewis. Sospechan de los empresarios Daniel Kritz y Luis Silberberg por una antigua disputa de tierras. Hace 130 años, en esa misma región del sur, el cacique Foyel y su familia fueron expulsados, perseguidos y encarcelados. Hoy vuelven a gobernar los herederos de aquellos que gobernaron durante la llamada Campaña del Desierto y la historia se repite: cárcel, persecusión y muerte.
El 17 de enero, la anciana mapuche Audelina Valle fue a su casa de la comunidad Las Huaytekas en el Paraje El Foyel y la encontró totalmente quemada al igual que su galpón. Por suerte, cuando los atacantes incendiaron sus bienes no había nadie. Pero Audelina perdió sus enseres, sus recuerdos, y parte de su existencia. Esto sucedió en la región donde el magnate amigo de Mauricio Macri, Joe Lewis, tiene un lago propio y le impide el acceso a los ciudadanos con guardias armados. Es el mismo lugar donde los punteros zonales de Cambiemos amenazan a los pobladores que no se rinden a sus designios.
La tarde anterior al hecho, una testigo de la comunidad, Mirta Ñancunao, vecina de Audelina, fue amenazada por una mujer y poco después vio una camioneta sospechosa que vincula con empleados de terratenientes. El incendio intencional en la casa de Audelina se produjo en el marco de una antigua disputa por tierras con los empresarios Daniel Kritz y Luis Silberberg. Según el comunicado de la comunidad, “luego del incendio se encontraron pruebas que comprometen seriamente a Zulema Inalef, empleada de Kritz”.
“Estos hechos, relacionados o no, forman parte de un plan de persecución al pueblo mapuche, avalado en este caso, por el gobierno municipal de El Bolsón, puesto que las personas denunciadas en este comunicado están vinculadas al poder municipal por tratarse de punteras políticas del intendente actual”, afirmó el texto de la comunidad Las Huaytekas.
Nada de esto conmovió a las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a pesar de que según su creación: “Su principal propósito es asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Desde que asumió el gobierno, en diciembre de 2015, el macrismo se dedicó a acoplar al INAI a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural de la Nación. Además de concretar una alianza política estratégica con el líder Qom, Félix Díaz, que preside el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Originarios.
Quizá fue el agregado “Pluralidad Cultural” lo que les impidió apelar el sobreseimiento de los propietarios de Clarín y La Nación por la causa Papel Prensa, hasta que todos los acusados (en un expediente que paradojalmente inició el mismo Estado, pero en 2010) fueron exculpados a través de media carilla de la Corte en un mero trámite administrativo, que cerró una causa donde se habían denunciado –hace 8 años– delitos de lesa humanidad.
En una reciente visita a Chubut, el secretario Claudio Avruj, dijo: “Tenemos una agenda muy clara y estamos convencidos del objetivo a cumplir. Bajo ningún punto de vista vamos a someternos ni a desviarnos por los criterios o deseos de aquellos grupos violentos que quieren distraernos y alterar el orden pacífico de la sociedad argentina. (…) Los conflictos se resuelven armoniosamente, con diálogo y en paz como corresponde, reconociendo diferencias, pero no con la violencia a la que nos quiso llevar la RAM, y la violencia que la RAM enarbola, que no tiene nada que ver con la cultura y el deseo de las comunidades originarias”.
El tono y las palabras de Avruj suenan similares a aquel, “los argentinos somos derechos y humanos” de la dictadura ante la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979. Tal es así que la encargada de resguardar los derechos de los indígenas en la Argentina es una ex empleada del Centro Carter y de la Fundación para Cambio Democrático, cercana al Pro y a la gestión privada. Se trata de Jimena Psathakis, una licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, que responde directamente a Avruj. Y si alguien tiene dudas, basta con leer sus declaraciones sobre el caso Maldonado y el conflicto mapuche, realizadas al diario La Nación, el 2 de octubre pasado. “Hay que separar las cosas. Hay 1600 comunidades en el país y muy pocas situaciones tienen resonancia pública. La Pu Lof no expresa la forma en que se expresa la comunidad mapuche”.
La funcionaria Psathakis no dijo una sola palabra sobre lo que sucedió el 17 de enero en la comunidad Las Huaytekas. Que a una anciana mapuche le hayan quemado su casa parece que no reviste importancia alguna para el INAI. Es posible que la funcionaria siga la senda de la dirigente del “radicalismo que no baja las banderas”, Elisa Carrió, de vacaciones hasta marzo con un Congreso dibujado bajo el estigma de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente, que estuvo tres semanas vacacionando en un country exclusivo de Villa La Angostura con total tranquilidad, cerca del epicentro del conflicto mapuche en la Patagonia.
La tierra, la vida
En su visita a Perú, el Papa Francisco reclamó una sociedad “para todos” sin privilegios. No sólo habló de “corrupción” como llevaron a sus tapas los principales diarios de la Argentina. Antes de entrevistarse con el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, quien figura al igual que los Macri en el listado de Odebrecht, Francisco estuvo reunido con líderes indígenas en la Amazonia.
Allí tomó nota de un dato: en 10 años Perú tituló el 1 por ciento de las tierras reclamadas por los indígenas. Casi nada. La meca de la plata y el oro de la conquista española no es una sociedad muy igualitaria que digamos y desoye los reclamos de los pueblos originarios. Tal es así que en los últimos tres años fueron asesinados cinco chamanes en la región amazónica peruana. ¿Por qué? Porque son líderes espirituales que se oponen al negocio multinacional de la tierra, la trata de personas, y al capitalismo extractivista.
La CIDH publicó en su informe “Pobreza y derechos humanos”, que la pobreza afecta al 43 por ciento de los indígenas del hemisferio. La CIDH señaló que los pueblos indígenas de América Latina padecen los peores índices de analfabetismo, desnutrición, dificultades para acceder a cuidados médicos, y obstáculos para obtener servicios básicos como agua potable, saneamiento, electricidad y viviendas.
Esta situación desesperante es bien conocida por el pueblo mapuche y tehuelche en la Patagonia. Pero no de ahora. Desde hace 130 años, cuando se impuso la mal llamada “Campaña del desierto”, con los mismos apellidos que gobiernan la Argentina en la actualidad. Es una línea histórica que se repite para instaurar de facto un estado de excepción que busca disciplinar a las clases subalternas con los ideales económicos y sociales de la clase dominante. Palabras como “emprendimiento” o “emprendedores” reemplazan el sentido del trabajo y los trabajadores, mientras se promueve la alienación absoluta de la clase media y media baja, agobiada por el precio de los alimentos y los servicios básicos. Todo esto matizado por un apagón informativo notable que incluye el vaciamiento de los medios públicos, la persecución de periodistas y la creación de un listado de personas prescindibles.
Las protestas de diciembre con el asalto al bolsillo de los jubilados y la tan publicitada “reforma previsional” dieron cuenta de este malestar imperante, aún presente en la sociedad. Como contrapartida, el aparato estatal y paraestatal responde con más estigmatización y persecución a los opositores. Desde los detenidos tras las protestas de diciembre hasta las imputaciones ridículas contra ex funcionarios del anterior gobierno, presos de este estado de excepción, sin ningún derecho.
La historia circular
Este montaje opresivo, no es nuevo. La derecha siempre encontró chivos expiatorios para destilar su odio de clase.
En 1895 no existía la RAM en Chubut. Pero el Estado se lanzó a la caza de dos líderes indígenas que amenazaban el status quo. Eran Cayupul y Salpu. Cayupul se había erigido como líder espiritual mapuche –como los chamanes asesinados de Perú que mencionamos antes– y el gobernador José Eugenio Tello armó una partida militar y le avisó al Ministerio de Guerra. “A poco de comenzar la travesía, –narra la historiadora Pilar Pérez en su libro “Archivos del silencio”–, comienzan a recibir rumores provenientes de comerciantes de la zona de que la tribu del cacique Sacamata estaba siendo ‘anarquizada’ por el ‘agorero’ Cayupul y el ‘general’ Salpu”.
¿A qué le temían tanto los vencedores del cacique Foyel a quien habían tenido prisionero en Buenos Aires y en ese momento retenían en un campo seco?
Los mercachifles turcos y árabes denunciaban que “el Dios Cayupul” tenía la capacidad de curar con hierbas e incitaba a la indiada a luchar contra “los cristianos”, además de estimular el robo de mercaderías por demás escasas y caras en esos parajes del sur cerca de la Cordillera. Y hasta allí se llegó con tropa y capellán (porque aquello debía ser también una reconquista religiosa) el gobernador Trello para restaurar el orden.
Mientras esperaba los refuerzos de tropa compuesta por inmigrantes galeses y gendarmes, Tello, cuenta Pilar Pérez, “distribuye tierras en los alrededores de Tecka, Putrachoique, Corcovado y Ñorquincó, a ciudadanos argentinos y chilenos”.
Fíjense cómo inscribían a los pobladores: “ciudadanos argentinos y chilenos”. Sin embargo, los archivos provinciales y nacionales demuestran que entre los reclamantes de tierras estaban las familias mapuches de la antigua tribu de Valentín Sayhueque, entre ellos, los Nahuelpan, Manquel y Prane. A todos, el gobernador Tello, que también ejerció las gobernaciones de Río Negro y de Jujuy, había nacido en San Salvador, siendo el hijo de un comerciante español, les advirtió por escrito: “Bien entendido que este permiso es accidental sin que su radicación en dicho lugar importe ningún derecho de propiedad de posesión con justo título, sino la simple y precaria tenencia gratuita de la cosa hasta que el Excelentísimo Gobierno Nacional de la República Argentina resuelva sobre el destino de la tierra”.
¿Cómo terminó la expedición del gobernador Trello y del capellán salesiano Bernardo Vacchina en Chubut?
Con los indios Cayupul y Salpu juzgados por rebeldes y con un expediente archivado en las mazmorras del Estado en torno al campo de concentración que existió en Valcheta, Río Negro.
El cura Vacchina se llevó al hijo del cacique Sacamata, Venancio, para “educarlo” según los preceptos de la Iglesia Católica. Fue el escarmiento para Sacamata por permitir “la anarquía” dentro de su comunidad. A pesar de que fue interrogado, el lonko Foyel nunca declaró contra su pueblo. Claro que la burocracia del Estado dejó registrado los pormenores de ese despojo, las amenazas, y la prohibición de que los indígenas recuperasen su integridad territorial, su cultura antigua, y su espiritualidad.
Ocho años antes de los interrogatorios de Trello, el 23 de septiembre de 1887, una de las hijas de Foyel, Magarita, murió en los sótanos del Museo de Ciencias de La Plata junto al cacique Inacayal, su mujer, una niña no identificada y la joven selk’nam, Tafa. En octubre de 2014, los restos de Margarita fueron restituidos y enterrados en la Cascada de Los Repollos, muy cerca de donde ahora le incendiaron la casa a Audelina Valle.
La historia circular muerde el presente con su correa de perros.
* Publicado originalmente en Nuestras Voces