Un fallo de la sala de Casación integrada por los jueces “dedazo” Mahiques y “pro-dictadura” Riggi revocó la liberación de Lautaro González y Fausto Jones Huala, los dos jóvenes mapuche que bajaron a Rafa Nahuel agonizante en lago Mascardi. Nahuel era parte de una reivindicación territorial cuando lo baleó Prefectura. La ministra Bullrich acusó a los mapuche de haber realizado un ataque con armas, pero ninguna prueba lo demuestra. En cambio, se probó que Rafael no tenía restos de pólvora en sus manos y que lo mataron por la espalda. Sin embargo, los prefectos que dispararon están libres y serán detenidos los compañeros de Nahuel que intentaron salvarle la vida.
Lautaro González y Fausto Jones Huala volverán a la cárcel. Los jóvenes mapuches, que bajaron el cuerpo moribundo de Rafael Nahuel tras la cacería de los Albatros el 25 de noviembre de 2017, serán nuevamente encarcelados porque así lo resolvió -este martes- la Sala III de la Cámara de Casación.
En ambas sentencias, a las que tuvo acceso Nuestras Voces, el tribunal integrado por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi sostuvo que se trata de “un grupo de personas que resiste la autoridad de manera armada, con violencia”.
En sus argumentos los jueces Riggi y Catucci sostuvieron que “no puede pasarse por alto la gravedad del hecho” ya que “no sólo se evadió cuando las fuerzas de seguridad llevaron a cabo el desalojo del predio por orden de autoridad judicial, para luego permanecer oculto durante el transcurso de casi tres días, sino que, además, se enfrentó con las mismas junto con otro grupo de personas, de manera armada y con suma violencia lo que conllevó -incluso- a la muerte de un individuo”.
Portación de apellido
Si bien las sentencias son similares en sus argumentos no puede obviarse que el apellido Jones Huala es un peso importante a la hora de señalar el enemigo. Para los medios hegemónicos es el hermano de Facundo -extraditado a Chile- el que vuelve a prisión.
Eduardo Rafael Riggi, nombrado juez en 1978 durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y denunciado por irregularidades en el marco de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, fue el más duro a la hora de dictar la sentencia contra los jóvenes mapuches.
“No puede descartarse que el accionar del encausado (Jones Huala) se encamina a entorpecer, interferir y obstruir el curso normal de la instrucción llevada a cabo contra otros miembros de su comunidad y en la que él mismo es imputado”, aseguró el juez que fue denunciado por el CELS ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño luego que salieran a la luz escuchas telefónicas donde se pactaban coimas para favorecer la situación procesal de los imputados por el asesinato del militante del Partido Obrero en 2010.
El magistrado, posteriormente sobreseído por Norberto Oyarbide, aseveró en su descargo que “las propias manifestaciones expuestas por el imputado al prestar declaración indagatoria demuestran que no se trata de un hecho aislado sino que, por el contrario, los sucesos investigados son el resultado y forman parte de una lucha constante que vienen llevando a cabo individuos de algunas de las comunidades que allí habitan, las cuales constituyen un movimiento y que a todas luces revelan la intencionalidad de los mismos de no acatar las directivas impartidas por el órgano judicial”.
Tanto Riggi, como el resto de los jueces, omiten que tras la inspección ocular del juez Gustavo Villanueva en la Lof Lafken Wilkun Mapu de Villa Mascardi sólo se hallaron casquillos y vainas de los Albatros; que nunca se pudo precisar que existiera un enfrentamiento armado como asegura la versión del Ministerio de Seguridad comandado por Patricia Bullrich y de que los jóvenes se presentaron una vez por semana -primero- y luego cada mes a firmar ante el juzgado de Bariloche que así lo requería. Tampoco se hallaron restos de pólvora en la manos de Nahuel, que supuestamente era parte del enfrentamiento.
Los fiscales Sylvia Little y Mario Sabas Herrera, que sostuvieron el pedido de revocatoria de excarcelación, aseguraron con convicción que el atentado contra la autoridad se produjo a mano armada cuando en ningún renglón del expediente existe prueba suficiente que haga sospechar esto. Sin embargo el juez Riggi lo plantea como algo probado.
La persecusión
Tras el fallo del viernes pasado del juez Gustavo Villanueva, que rechazó el pedido de Parques Nacionales de desalojar nuevamente a los mapuche de Villa Mascardi, esta sentencia marca un giro en la causa en la que se investiga el asesinato de Rafael Nahuel.
Para Sonia Ivanoff y Matías Schraer, abogados defensores de Lautaro González y Fausto Jones, Huala son “preocupantes los argumentos del doctor Eduardo Rafael Riggi quien sostiene que, además de existir riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación, formar parte de un movimiento mapuche es un elemento que revela un estado de beligerancia y de confrontación con las autoridades legalmente constituidas”.
Los letrados se mostraron “sorprendidos” con el fallo y a través de un comunicado expresaron: “De acuerdo con el art 18 de nuestra Constitución: ¿no rige el principio de inocencia? ¿No éramos todos inocentes hasta que se demostrara lo contrario? ¿O hubo un cambio de paradigma y ahora todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario?”. Tanto Fausto Jones Huala como Lautaro González carecen de antecedentes penales computables y “se entregaron sumisamente” (en palabras de la fiscal Sylvia Little) con el cuerpo moribundo de Rafael Nahuel a las autoridades federales. Los abogados consideran que “la criminalización, la violencia, la persecución y la negación de la identidad cultural se da sistemáticamente contra los indígenas que participan activamente en procesos de recuperación y reivindicaciones territoriales que involucran tierras de alto valor económico (turístico, extractivo, hidroeléctrico, entre otras)”.
Tal como sostuvo el director del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales Conicet/UNCO y especialista en la investigación sobre el pueblo Mapuche, Walter Delrio, en una entrevista con Nuestras Voces, “es el ‘conflicto elegido’, el que permite construir nuevos estereotipos que fácilmente la sociedad pueda comprender y compartir. Se trata de los ‘mapuche chilenos’, de los violentos. Se trata de una asociación ilícita, no de una organización social o una comunidad”.
A casi seis meses de los hechos de Villa Mascardi y sin saber quién disparó por la espalda a Rafael Nahuel los abogados defensores dicen que “pareciera ser que los únicos que tienen que ir presos son los mapuche y no los verdaderos responsables del asesinato”.
Mientras se esperan los resultados de los análisis de las pericias balísticas que se están llevando a cabo en la provincia de Salta, la decisión de revocar la excarcelación de la Cámara de Casación podría leerse como un llamado de atención al juez Gustavo Villanueva quien, en definitiva, es el que tiene la última palabra para decidir si Fausto Jones Huala y Lautaro González vuelven a estar privados de su libertad.
* Publicado originalmente en Nuestra Voces