No es nueva la construcción del “enemigo interno” como justificadora de la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Tampoco lo es que el pueblo mapuche sea uno de los blancos preferidos de esa estrategia. Un repaso por la historia que explica porqué la decisión de Macri pone en alerta a las comunidades originarias.
No hace falta remontarse a los tiempos de la Campaña al Desierto para que el pueblo mapuche sienta frío en el espinazo ante la decisión del Poder Ejecutivo de involucrar nuevamente a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Casi literalmente, algunas de sus comunidades nunca pudieron sacarse las botas de encima y guardan en su memoria atropellos que tuvieron lugar ya no en las épocas de Julio Roca o Conrado Villegas, sino en plena vigencia de la democracia.
Si bien las arremetidas contra su espacio territorial se intensificaron desde 1976 en adelante, en Bariloche la comunidad Millalonco Ranquehue fue escenario de maniobras militares cuando ya las instituciones estaban reestablecidas. Ante su persistencia, buena parte de las familias resolvió abandonar los campos que ocupaban sus mayores desde fines del siglo XIX pero Silvia Millalonco permaneció en el lugar, resistió los embates castrenses y los juicios de desalojo, hasta que durante el proceso de reemergencia mapuche que se vive desde fines de los 80 (siglo XX), comenzaron a producirse retornos al territorio. Todavía pueden encontrarse entre el bosque vainas de artillería, entre otros vestigios de afán bélico.
Esa suerte es la misma que corrieron sus vecinos de la comunidad Tripay Antü. Involuntariamente, los Gualmes fueron noticia dos meses atrás cuando una jueza federal ordenó al gobierno que les otorgara el título de propiedad comunitaria, ante la indignación de los xenófobos antimapuches. Al igual que los Millalonco Ranquehue, Clorinda Gualmes y su familia debieron sufrir intentos de desalojo en tres ocasiones, que incluyeron destrucción de viviendas, muerte y robo de animales e inclusive, un traslado forzoso a bordo de camiones color verde oliva. Las dos comunidades están en la zona de Virgen de Las Nieves, sobre la ladera oeste del cerro Otto y no muy lejos del lago Gutiérrez.
La memoria histórica de los primeros afirma que sus mayores ya residían allí alrededor de 1870, mientras que los segundos ubican la presencia de sus antepasados en derredor de 1850. En cambio, la Agrupación Militar Bariloche, antecesora en los hechos de la actual Escuela Militar de Montaña, recién se formalizó en 1938. Si bien la Constitución de la República Argentina introdujo el concepto de preexistencia a través de su reforma en 1994, casi un cuarto de siglo más tarde y a través de su brazo armado, el Estado aún disputa a las comunidades la propiedad y posesión de sus territorios.
A caballo contra los tanques
La comunidad Emilio Prane soporta un asedio similar. Su espacio territorial se encuentra en parte del Boquete Nahuelpan, paraje que cobija una historia particularmente dolorosa. En noviembre de 1937, alrededor de 300 mapuche-tehuelche fueron desalojados al disolver el gobierno nacional la Reserva Nahuelpan, donde habían residido desde 1908 no sólo los descendientes de Francisco Nahuelpan, sino también integrantes de familias “agregadas” como los Ainqueo, Catrilaf, Prane y Santul, entre otras. Se beneficiaron directamente de la medida socios esquelenses de la Sociedad Rural Argentina, quienes accedieron a las tierras de la “ex reserva” después de acusar a sus antiguos moradores de “indígenas extranjeros” (Delrio 2005: 286). Poco importó que tres décadas antes, Buenos Aires hubiera dispuesto “la entrega de tierras al cacique Francisco Nahuelpán” a título de reconocimiento, ya que en ocasión del arbitraje británico en el conflicto limítrofe con Chile, el longko y su gente había declarado su “argentinidad” para respaldar la posición de Buenos Aires frente a las aspiraciones de Santiago (Delrio, 278).
En 1943, el gobierno nacional era de origen militar y a la vez que permitió el retorno al Boquete de algunos de las familias desalojadas, reservó “para las necesidades del Departamento de Guerra el lote 4”. Entre los que pudieron volver estaba Emilio Prane, longko que lideraba 108 personas. Pero desde entonces, la convivencia con el Ejército fue como mínimo traumática. En 2004, el III Parlamento Mapuche Tehuelche de Chubut deliberó en la comunidad Emilio Prane para responder de forma política a las maniobras que poco tiempo antes, el Ejército había intentado llevar a cabo en su espacio territorial. Lejos de acobardarse ante el despliegue de tanques y otros vehículos militares, sus integrantes resistieron el renovado embate castrense. Todavía no existían las redes sociales, pero la imagen del werken José Prane, quien se interpuso a caballo en la marcha de los blindados, se viralizó entre las organizaciones mapuche, las solidarias de la Argentina e inclusive, llegó a Europa. José falleció en 2009, sin lograr que el Ejército dejara en paz a su gente.
Ninguna de las tres comunidades logró dejar atrás el estado de zozobra y precariedad jurídica, aunque puedan probar más de un siglo de presencia en sus respectivos espacios. Aunque claro, el Decreto 683/2018 abrió una coyuntura nueva que vuelve a ubicar al conjunto del pueblo mapuche en la picota. Si se tiene en cuenta el discurso que adoptó el gobierno en los últimos dos años, el texto que plasma el Artículo 1 tiene como claras destinatarias a las organizaciones mapuche que tanto la ministra de Seguridad como el periodismo que sigue sus instrucciones, vinculan a experiencias del mismo pueblo que se desarrollan en jurisdicción chilena: “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”.
Coincidencia
Hace aproximadamente un año, Patricia Bullrich declaró en una de sus tantas arremetidas verbales que “atrás de la RAM hay una organización inglesa que es la principal aportante. Está absolutamente confirmado”. Esa aseveración debe concatenarse con otras de mayor precisión: “nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de acción y quiera imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”. Desde ya, las apreciaciones de la ministra no tienen el menor asidero en la realidad, pero a través del blindaje que le aseguran los grandes medios de Buenos Aires, es la hipótesis que no sólo asume el gobierno de Cambiemos sino también buena parte de la sociedad. Su descripción de la RAM y la “república autónoma mapuche” cuaja perfecto en la caracterización que plantea el Decreto 683 en su artículo inicial.
A este hay que relacionarlo con el flamante 24 bis: “El Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de los objetivos estratégicos” a los que alude la Ley 23.554, aunque ni en el decreto macrista ni en la norma que modificó, se define qué se entiende por “objetivos estratégicos”. En manos de un gobierno que reivindica el “gatillo fácil” y el asesinato de activistas, esa ambigüedad puede ser tan letal como los subfusiles de Prefectura en Villa Mascardi. O peor aún…
Para las miradas perspicaces, la jugada ya está al desnudo. En un comunicado que hizo público la comunidad mapuche Pillan Mawiza de Corcovado (Chubut) con la firma de su longko, resaltó “la afirmación canallesca en el diario Clarín del 27 de julio donde se alega que un miembro de mi comunidad hace de vocería del Lof en Resistencia Cushamen, o la perversa aseveración del diario Infobae del 14 de noviembre de que mi comunidad recuperó tierras a orillas del lago Mascardi, o la editorial de Alfredo Leuco en el canal TN del día 17 de julio donde prejuzga con mentiras a cada uno de los mapuche que nombra y, valiéndose de la unilateralidad de la palabra, termina asociando lucha mapuche, terrorismo y narcotráfico. Esta lista de ejemplos es interminable”. Recordemos que el espacio territorial de Pillan Mawiza se deja atravesar por el brioso río Carrenleufu o Corcovado, donde existen planes para construir una serie de represas para aprovechamiento hidroeléctrico. ¿Uno de los “objetivos estratégicos” que custodiarán las Fuerzas Armadas?
El Comando Sur
Sería de ingenuos no vincular la “modernización” de las Fuerzas Armadas que invoca el gobierno con las instalaciones que levanta Estados Unidos en Neuquén, prácticamente en la vereda de la Ruta del Petróleo, a escasos metros del aeropuerto internacional y en pleno territorio mapuche. En su afán, el Comando Sur norteamericano opera con las mismas sutilezas que Joe Lewis o Luciano Benetton: irá a “donar” las nuevas dependencias al gobierno provincial para su área de Defensa Civil.
El perímetro está a poco más de 1.000 metros del espacio territorial que las comunidades mapuches Puel Pvjv y Newen Mapu defienden con uñas y dientes ante los intentos de desalojo que promueve el intendente de Neuquén, Horacio Quiroga. De más está decir que desde el enclave estadounidense se podría monitorear toda la zona, que vaya casualidad, coincide en buena parte con Vaca Muerta, la cuenca “estrella” de los hidrocarburos no convencionales. Otro de los “objetivos estratégicos” sobre los cuales de manera cotidiana, se desarrollan conflictos entre trasnacionales del petróleo, como las estadounidenses Exxon Mobil y Chevron o la “nacional” YPF, versus las comunidades mapuche.
Desde la perspectiva del pueblo preexistente al Estado, el poder del adversario es inconmensurable: la decisión política del gobierno nacional de edificar el nuevo “enemigo interno”, la complicidad y acompañamiento de los provinciales, la cercanía de los jueces, el bombardeo incesante de los grandes medios de comunicación, la actuación de las fuerzas de seguridad federales y también provinciales, la entrada en escena del Pentágono a través del Comando Sur, el beneplácito de buena parte de la sociedad civil... El combo es abrumador. Pero siempre habrá algún José Prane que se interponga con su caballo ante la columna de blindados, en defensa de su territorio.
Bibliografía
Delrio, Walter: "Memorias de expropiacion. Sometimiento e incorporacion indigena en la Patagonia. 1872 - 1943". 2005. Universidad Nacional de Quilmes Editorial. Bernal, Buenos Aires.
* Publicado originalmente en En estos días
** Fotografías: Santiago Zaninelli / Andrés Kudacki / OPSur