Los cinco imputados por atentando a la autoridad, en el marco de un irregular procedimiento policial en el Pu Lof Cushamen en 2017, fueron absueltos por el beneficio de la duda al no poder probar la Fiscalía los hechos imputados. La justicia colonial y racista no puedo con ellos.
Sólo Jorge Buchile fue condenado a 10 meses de prisión de ejecución condicional por el delito de resistencia a la autoridad, al no acatar una voz de alto del personal policial, según explicó el Juez en su resolución.
Los hechos datan del 10 de enero de 2017, luego de que un grupo de vecinos de la comarca fueran a solidarizarse con la recuperación territorial mapuche en la zona de Leleque, y en ese marco fueron perseguidos, baleados y detenidos por personal policial sin identificación.
“El panorama quedó claro” señaló Gustavo Jaime luego de escuchar el fallo del juez Martín O`Connor, al indicar que no se pudo demostrar lo que le imputaban tanto a él como a Buchile, Ruiz Huenchupan, González y Huenelaf.
“Es un primer paso, con esto iniciamos el camino” dijo el defensor Público Marcos Ponce, al indicar que de esta manera se “visibiliza lo que está ocurriendo” en la zona con la respuesta del Estado a la protesta social y política. Cabe señalar que aún se esperan avances en la causa que estos mismos vecinos iniciaron contra la policía por lo ocurrido aquel fatídico 10 de enero.
Durante el juicio quedó en evidencia el montaje de la policía provincial.
La antesala del horror
La represión del 10 y 11 de enero de 2017 fue la antesala del horror que luego desembocó en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Fue el escenario previo al abismo al que nos condujo la Alianza Cambiemos no solamente por la feroz represión de la Gendarmería y la policía de Chubut, junto al apoyo logístico de Benetton, sino que en dichos episodios el Gobierno nacional se valió de los distintos resortes del Estado para perseguir a los integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen y a quienes fueran solidarios con ellos. ¿De qué manera? Con la invención de causas judiciales, el plantado de pruebas, las mentiras (planificadas), todo el menú autoritario que luego se pondría en práctica con la desaparición del Brujo.
En el libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado”, de Sebastián Premici (Acercándonos, 2018) hay un capítulo específico sobre estos hechos, en donde se narra la historia de cinco personas que acudieron a la Pu Lof en solidaridad por una represión ocurrida por la mañana del 10 de enero y terminaron perseguidas, baleadas, torturadas y presas. Pero no sólo eso. El Estado provincial, junto a las fuerzas federales de seguridad les inventaron una serie de causas judiciales para acusarlos a ellos, a los baleados, perseguidos y torturados, de haber tenido armas de fuego y bombas molotov. Lo que realmente sucedió fue todo lo contrario a la denuncia realizada por la policía provincial.
La semana pasada comenzó uno de los juicios orales en la justicia ordinaria de Esquel vinculados a estos hechos. Los acusados -falazmente- son Jorge Buchile, Daniela González, Ivana Huenelaf, Javier Huenchupan Ruiz y Gustavo Jaime. Ellos fueron solidarios con la Pu Lof en Resistencia Cushamen. A cambio, el Estado provincial de Chubut los persiguió y el Estado nacional, de la mano de la inefable Patricia Bullrich, los acusó de terroristas en su informe sobre la RAM publicado en diciembre de 2017.
“Llegamos a la Lof y había cuatro o cinco niños cerca del alambre, uno con sangre, llorando, descalzo, golpeado a simple vista. También había tres o cuatro mujeres llorando, una de ellas muy golpeada en su rostro y otra en la mano. La mujer más golpeada entró en shock, se desmayó. Había viento, tierra, humo.” Era la imagen del abismo narrada por Buchile.
Para esa represión de la GNA, el juez Guido Otranto había permitido que la fuerza conducida por Bullrich se alojara dentro de la Estancia Benetton. Sí, la Estancia Leleque funcionó como base operacional de la GNA para reprimir a la Pu Lof. Era imposible que ese dato le llamara la atención a Otranto como primer juez del caso Maldonado porque él mismo había autorizado ese “alojamiento”.
Pero volvamos a los cinco acusados. Luego de llegar a la zona, los cinco se subieron a una camioneta para ir a buscar el ganado que la policía provincial les había robado a los integrantes de la Pu Lof. En el momento en que se toparon con el camión de la policía de Chubut -que no contaba con ningún tipo de identificación- comenzó una balacera. El conductor de la camioneta era Buchile. Cuando ven el camión, lo sobrepasan para hacerles señas. En ese momento, el policía que conducía el vehículo empezó a dispararles. Una de las balas 9 milímetros impactó en el apoyacabeza del conductor. Es decir, la policía de Chubut les había tirado a matar. Ese fue sólo el comienzo de un intento de cacería, otra “fiestita en Leleque”, como adjetivaban los policías y gendarmes cada una de incursiones represivas.
El poder mata y oculta. Buchile, Jaime, Huenelaf, González, Huenchupan Ruiz pasaron de baleados a agresores. A ellos se les endilgó la tenencia de armas de fuego -que nunca aparecieron- y bombas molotov. Se los acusó de disparar a los policías, aunque nunca se les hicieron los peritajes correspondientes. Las supuestas bombas molotov fueron plantadas por los policías. El plantado de pruebas y el armado de causas fue funcional a Bullrich para abultar su falaz informe sobre la RAM.
En el juicio que comenzó la semana pasada, cuyo juez es Martín O´Connor y el fiscal del caso, Oscar Oro (artífice de la vinculación de Santiago Maldonado con el puestero de Epuyen), quedó en evidencia el armado de los policías provinciales junto a la corporación judicial para inculpar a los cinco.
Según relató a Cadena del Sur el abogado Edgardo Manosalva, durante las audiencias de la semana pasada quedó en claro la brutalidad policial al disparar a mansalva a la camioneta donde viajaban los cinco acusados, los policías se contradijeron con relación a sus primeras testimoniales y se evidenció que se fraguó el contenido de un acta clave que fue utilizada para armar la acusación. “El objeto del juicio mutó. Quedó en claro la brutalidad, los tiros, la tortura y el descontrol de la represión de la Gendarmería ocurrida durante la mañana del 10 de enero”, sostuvo Manosalva.
“La fiestita en Leleque” de enero de 2017 había sido solo el comienzo. Otra cacería estaba por suceder.
* Fuente: Radio Kalewche|Cadena del Sur
** Fotografías: Rox Ana, en Revista Cítrica