Ayer finalizó el segundo día de la re-edición del juicio en el que se acusa de usurpación de su propio territorio a siete hermanos mapuche del Pu Lof en Resistencia Cushamen. Un nuevo capítulo en la persecución de este pueblo-nación. El jueves continúan las audiencias.
Este martes 12 de febrero comenzó una nueva audiencia, en los Tribunales de Esquel, del juicio de Benetton contra integrantes del Pu Lof en Resistencia, del departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut, acusadas y acusados de usurpación, abigeato (hurto de ganado) y tenencia de armas.
Al finalizar Fernando Jones Huala, hermano del Lonko Facundo Jones Huala, e integrante de la Pu Lof en Resistencia, expresó que “el Ministerio Publico Fiscal y la querella respondieron los planteos de nulidad presentados por la defensa pública y nuestra abogada particular Sonia Ivanoff”. Entre los planteos se cuestiona la falta de objetividad por parte de la acusación, por parte del Ministerio Público Fiscal y la querella, junto con la vulneración del debido proceso, entre otras cosas, señaló Jones Huala en el lugar. Agregó que “técnicamente no pudieron responder acabadamente a estos planteos y solo hicieron una lectura de ciertas partes del expediente o de la acusación, pero no hicieron una respuesta técnica que era lo que ameritaban los planteos de nuestra defensa”.
Obstáculos judiciales para dilatar
La causa que se intenta resolver se parece a una comedia de enredos, si no fuesen tan serias sus implicaciones sobre la libertad y la vida de una comunidad que viene siendo criminalizada, perseguida y despojada con la complicidad de funcionarios. A ambos lados de la cordillera los intereses en disputa son los mismos y las estrategias para enfrentarlos también.
La primera audiencia se desarrolló el 7 de mayo de 2018, cuando la Fiscalía a cargo de Oscar Oro, que no es reconocido por defender a los pueblos originarios, retiró los cargos por no encontrar pruebas del supuesto ilícito. Frente a este planteo el juez de la causa, Martín Zacchino, debía decidir si avanzaba con el juicio -sólo sostenido por los abogados del grupo Benetton- o daba por finalizada la acusación. En lugar de tomar una decisión al respecto, optó por elevar el caso al Procurador General de la Provincia, Jorge Luis Miquelarena, quien ya tenía una postura conocida sobre el conflicto.
Es conocido que el Procurador General había firmado un convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación junto a los Ministerios Públicos Fiscales de Río Negro y Neuquén en donde se comprometieron a trabajar en conjunto para “investigar” causas con posibles vinculaciones a la indefinida organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Así, el acuerdo entre Nación y los fiscales provinciales le otorgaron atribuciones a Nación para inmiscuirse en los procesos judiciales contra los mapuche y continuar así la persecución.
En esta nueva audiencia, el fiscal Oro fue reemplazado por el fiscal Marcelo Cretton, quien insiste en sostener las acusaciones junto con el terrateniente Benetton.
Uno de los imputados en la causa es el Lonko Jones Huala, quien se encuentra en Temuco (Chile) atravesando su proceso judicial, pendiente todavía de resolución en la Corte Suprema chilena. Su ausencia implica una seria vulneración al derecho mapuche, ya que implica que el pueblo nación Mapuche tiene vedado el derecho de hacer práctica y uso de sus autoridades en presencia para enfrentar la judicialización.
Fernando Jones Huala expresó que la audiencia seguirá el día jueves 14, y se espera que la jueza que está a cargo de este juicio, Karina Paola Estefanía, dicte alguna resolución, entre las que se encuentra la nulidad del juicio.
Agregó que “hasta el momento se ha cuestionado más la actuación del ministerio publico fiscal a cargo de los 9 fiscales que han pasado por la causa, y aún no se ha cuestionado la presunta autoría de los hechos de los que se nos acusa. Es decir, al día de hoy solamente se sigue denunciando estos montajes, la complicidad que hay entre fiscales y jueces, en particular en este caso el juez Martín Zacchino que ha demostrado una actitud parcial y ha actuado otras veces más en una postura de fiscal que de juez. La jueza al día de hoy está resolviendo lo que no resolvió en su momento el juez Zacchino. Esto es lo que ha sucedido hasta el momento en este juicio entre Benetton y las comunidades del Pu Lof en Resistencia Cushamen.”
La comunidad mapuche está convocando a las personas que se puedan acercar para acompañar este proceso judicial.
Se prevee que el juicio se desarrolle en el transcurso del mes de febrero, con una clara desigualdad a favor de la corporación Benetton. Una vez más, este pueblo se enfrenta a uno de los terratenientes que posee más de 900 hectáreas del territorio mapuche, necesarias para el ejercicio de su cultura y espiritualidad.
Chile: “ordenes desde Santiago”
En Chile, el Lonko de la comunidad, Facundo Jones Huala, se encuentra realizando una huelga de hambre, debido al impedimento que le impusiera Gendarmería para realizar ceremonias propias de su cultura originaria. También, le fue denegada la comunicación y el acceso al penal a su abogada Karina Riquelme, y a una trabajadora social. Por este motivo fue presentado un Recurso de Amparo que fue aprobado por la jueza María Teresa Villagrán, que no pudo hacer oídos sordos ante tal atropello, y debió tomar en consideración que al evitar la comunicación se vulnera el derecho a la defensa.
Así, se consiguió que el Lonko Facundo pueda hablar con su abogada, en lo que parece ser cada vez más una evidente prisión política, ya que a cualquier otro preso o presa no se les denegaría tales derechos elementales.
Por si esto fuera poco, Gendarmeria manifestó que existe una orden proveniente de Santiago de Chile, que va en contra de lo resuelto en Temuco. Al respecto Karina Riquelme declaró: “Dejamos los reclamos pertinentes, puesto que la Dirección Regional nos hablan que existe una orden desde Santiago. Nosotros creemos que esta orden es evidentemente política.” La jueza Riquelme solicitó la nulidad del juicio que condenó al comunero por el ataque incendiario al fundo Pisu Pisué en Río Bueno, en 2013; lo cual deberá ser resuelto por la Corte Suprema.