Violencia estatal, construcción del enemigo interno, versiones guionadas por el Ministerio de Seguridad, descripción de los hechos que configuraron una “patraña” para acusar a los mapuche. Todo esto puede leerse en una sentencia de la Cámara Federal de Roca que procesó por “homicidio agravado” al cabo primero Francisco Javier Pintos, de cuya arma subfusil MP5 salió el disparo mortal que asesinó a Rafael Nahuel.
El fallo fue firmado por los camaristas Mariano Roberto Lozano, Richar Fernando Gallego y Ricardo Guido Barreiro. En su escrito, los magistrados calificaron de “parcial” la pericia que realizó Gendarmería para “sembrar” dudas sobre el arma homicida. De la lectura de las 80 páginas queda claro que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se puso a la cabeza del discurso falaz sobre el enfrentamiento armado –los jueces rechazaron de plano tal situación- con la clara intención de justificar el accionar violento de la Prefectura. Una pregunta que no deja de darme vueltas: ¿no sería hora de que se le formulen cargos penales a Bullrich por su estrategia de violencia hacia las comunidades –manual comprado directamente de Chile- que ya se cobró la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel?
La sentencia de los camaristas es tremenda. Tremenda porque es la constatación del accionar criminal del Estado nacional para con las comunidades mapuche. Algunos podrán decir que esto no es novedoso; lo cierto es que desde 2016 en adelante el Gobierno nacional –el Estado- actuó de manera sistemática, coordinada y planificada para atacar a las comunidades mapuche luego de un pedido expreso de algunos empresarios patagónicos. No hay que olvidar que en febrero de 2016, Bullrich se reunió en secreto con varios empresarios de la región quienes pidieron expresamente la represión a las comunidades. Y la ministra actuó en consecuencia. Y no lo hizo solo fronteras hacia adentro. También coordinó esfuerzos ilegales con Chile.
Fue una cacería
Lo primero que explicitó el camarista Lozano fue la parcialidad de la pericia realizada por la Gendarmería, cuyo único objetivo fue sembrar dudas dentro del expediente. Una duda sembrada por el propio Ministerio de Seguridad a favor del prefecto Pintos.
“El peritaje de la Gendarmería fue dejado de lado ya que había sido elaborado por un organismo que depende del mismo Ministerio -el de Seguridad- del que depende la fuerza que intervino en el procedimiento (la Prefectura Naval Argentina)”, indicó Lozano.
Para la Cámara Federal de Roca, la pericia que tuvo más peso probatorio fue la realizada por los peritos Roberto Nigris y Karina Uribe, con la aquiescencia de la experta en criminalística propuesta por la querella, licenciada Bufalini. “Ese peritaje fue categórico en afirmar que el proyectil extraído de quien en vida fue Rafael Nahuel Salvo había sido disparado con el arma identificada con el número de serie 05-C335508; es decir, el subfusil asignado a Pintos”, indicaron los camaristas.
Las balas salieron de un solo lado: del Grupo Albatros. Bullrich introdujo la hipótesis del enfrentamiento, sostuvo que las supuestas armas de los mapuche habían arrancado de cuajo las cortezas de los árboles, pero mintió. Y la Cámara, de alguna manera, así lo manifestó: “Se dijo que los disparos 'arrancaron ramas gruesas de cuajo'- , esto no pudo ser respaldado con las pericias y la inspección del lugar, lamentablemente practicada 12 días después del trágico hecho”.
Más preciso resultó el argumento del camarista Barreiro. En casi 400 metros de recorrida montaña arriba, se encontraron más de 8 lugares específicos con resto de vainas servidas 9 milímetros. Es decir, fue una persecución. Y en esa corrida, Pintos asesinó por la espalda a Rafael Nahuel.
“Tuvo lugar una persecución, la que se comprueba sin mayor esfuerzo porque en ocho lugares más a lo largo del sendero ascendente fueron hallados restos de municiones disparadas con armas de fuego”, escribió Barreiro. Y luego agregó: “¿No es, acaso, un hecho acreditado sin la menor duda que Nahuel recibió el balazo por la espalda? ¿No es ello compatible con una hipótesis como la que vengo delineando sobre la probable existencia de una persecución?”
En este sentido, el camarista indicó que Pintos mintió al momento de ofrecer su versión de los hechos. Pero no lo hizo por propia voluntad sino que siguió un guión prefabricado desde el Ministerio de Seguridad.
Por ende, para este periodista, quien mintió realmente en primer lugar con la intención de consagrar la impunidad sobre el Grupo Albatros fue el propio Ministerio de Seguridad representado por Patricia Bullrich. Por eso es necesaria la pregunta del comienzo: ¿no será hora de que Bullrich sea acusada formalmente por su accionar criminal?
¿Dónde está la verdad?
Recordadas son las palabras de Bullrich cuando en la conferencia de prensa del 27 de noviembre de 2017 dijo que la verdad siempre estaba del lado de las fuerzas de seguridad, una verborragia signo de la impunidad de estos tiempos (y otros también). La ministra no inventó nada, copió viejos modelos de persecución política, incrementados en los últimos años a pedido de un puñado de empresarios regionales.
Sostuvo el camarista Barreiro:
“Es notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gestión, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigación judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por la división de poderes que exige la República, sino con intervenciones que no toman en cuenta el trámite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados y entonces, antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar mínima luz sobre los sucesos, se publican declaraciones del más alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando —mediáticamente— que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes.”
Es decir, para este Camarista la intervención directa del Ministerio de Seguridad perjudicó la investigación penal por el asesinato de Rafael Nahuel. En opinión de este cronista, el objetivo era reforzar la idea del enemigo interno y consagrar mediáticamente y en los tribunales la impunidad para la Prefectura, como antes lo había hecho Bullrich para defender a la Gendarmería en el transcurso del caso Maldonado.
“Esa verdad”, como ya dijimos, estuvo totalmente guionada, de la misma manera en que el Ministerio guionó a los gendarmes que reprimieron en Cushamen el 1 de agosto.
“(La versión de Pintos) constituye la secuela precisa y planificada de un guión al que se atuvo con la mayor estrictez que le fue posible, instalando la teoría de que hubo una emboscada en la que los prefectos fueron rodeados, quedando atrapados por la pedrea hasta que lograron escapar bajo disparos efectuados por los mapuche con armas de fuego de un calibre importante, de lo que dio cuenta el relato estatal al consignar 'porque arrancaron ramas gruesas de cuajo'.”, aseveró Barreiro.
Dichas estas palabras que describieron el guión plantado por el Ministerio de Seguridad, el camarista agregó lo siguiente: “El empleo de armas de puño por parte del grupo mapuche, cuyo grueso calibre desgajaba los árboles, fue una completa patraña”. Bullrich fue la autora material e intelectual de esa patraña.
Violencia estatal
Por último, no hay que dejar pasar por alto que el asesinato de Rafael Nahuel fue una consecuencia directa del incremento de la violencia estatal. Así lo estableció el fallo bajo análisis:
“Esta no una causa más de las que engrosan la agenda de los tribunales y que lo que subyace en ella, o mejor dicho lo que hace que eclosione un resultado tan ominoso para el estado de derecho como cruel y doloroso para la familia del fallecido, es la discutible concepción de la seguridad nacional que alienta episodios que se reiteran en el tiempo con frecuencia cada vez mayor, en espiral de violencia estatal que no puede ser obviada en esta sentencia, cadena fatídica en la que la muerte evitable de Nahuel Salvo es un eslabón más, acaso no el último.”
Es decir, el asesinato de Rafael Nahuel fue consecuencia directa de la violencia estatal diseñada en los últimos años por Patricia Bullrich, bajo el mando de Mauricio Macri. Por ende, si esa violencia fue digitada directamente por el Poder Ejecutivo y luego de ejercer esa violencia el mismo Ministerio elaboró un guión para salvar a la fuerza involucrada, ¿no deberían ser acusados penalmente la ministra e incluso el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por avalar estos crímenes? También creo que deberían ser investigados algunos “pseudo periodistas”, o mejor dicho, “pseudos empleados del Ministerio de Seguridad” que replicaron sin más la falaz versión del PEN.
El tiempo lo dirá.
* Publicado originalmente en Cadena del Sur
** El audiovisual fue realizado por El Paso