13 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López
Un sobreviviente de la dictadura espera 30 años, elabora pacientemente el descargo contra sus verdugos y cuando le toca el turno es nuevamente desaparecido. Ese crimen impune tiñe a todo el proceso de juzgamiento de los genocidas y la pretensión del Estado de sortearlo sin mayores consecuencias. La impunidad de los delitos del Terrorismo de Estado genera capas de nuevas impunidades de la represión en democracia.
Tras sufrir el secuestro, la tortura y la cárcel por ser militante social en su barrio de Los Hornos, Jorge Julio López amasó pacientemente por 30 años las secuelas de su calvario y la tragedia de toda una generación. Investigó, se contactó con otros sobrevivientes, preservó a su familia y fue adelante con su testimonio. “Va por los compañeros” le dijo a Nilda Eloy aquel invierno de 2006 cuando le toco contar las atrocidades sufridas, los homicidios de sus compañeros de militancia y aportar los nombres de una veintena de represores de la bonaerense, la mayoría aún impune.
López fue desaparecido por segunda vez hace 13 años, en las vísperas de los alegatos de ese juicio oral que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, Director General de Investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura. López fue un testigo fundamental para probar los crímenes cometidos por Etchecolatz y otros integrantes de la bonaerense en los Centros Clandestinos de Arana, Comisaría 5ta, Comisaría 8va y en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde aquel 18 de septiembre de 2006 la lucha y la movilización por su aparición con vida ha sido incesante. La causa judicial que estuvo cargo de los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco, en cambio, acumuló millares de fojas y expedientes paralelos con cientos de declaraciones, y sin ningún resultado. Los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro se declararon desbordados por la investigación y entraron al juego de las pistas falsas sembradas por las fuerzas de seguridad en la causa. El gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Fernández, cubrió con un manto de silencio el caso, transformándose en cómplices del encubrimiento, junto a los gobernadores Felipe Solá y Daniel Scioli. La gestión de Mauricio Macri recibió las reprimendas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso, en gestión iniciada por la querella del espacio Justicia Ya, y propuso una “solución amistosa”. Capas y capas de impunidad que transforman a la democracia en una fachada institucional y la justicia en una mera formalidad.
Con el secuestro de López los genocidas intentaron hacer caer los alegatos e impedir la condena de un fallo histórico. No pudieron. Intentaron reinstalar el miedo para que los juicios no continuaran. No pudieron. Ninguno de estos hechos fue esclarecido. Aquí se hizo todo lo necesario para que a 13 años el compañero siga desaparecido y no haya ni un solo culpable preso ni procesado. Sin embargo ninguna amenaza fue suficiente para frenar el reclamo en los tribunales y en las calles exigiendo Justicia.
El genocida Etchecolatz continuó en estos años su campaña de infamias y provocaciones. Llamó a López “testigo ilustrado”, mostró un misterioso papel con el nombre del compañero en pleno juicio oral, se presentó como preso político, solicitó la libertad condicional y hasta consiguió una corta estadía en su casa de Mar Del Plata manipulado informe para obtener la domiciliaria, pese a estar condenado en aquel proceso de 2006, en la causa “Circuito Camps”, por los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, en la causa “Favero-Álvarez” y por los CCD Puente 12 y Comisaría de Monte Grande. Está siendo juzgado en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo, y a la espera de juicio en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina y en una causa en instrucción en el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora. Un total de 11 causas en las cuales hace poco obtuvo la domiciliaria en 5 y el cese de prisión preventiva en 4. Sólo la movilización popular torció la desvergüenza de algunos jueces, se echó atrás esa afrenta y por ahora el represor cumple arresto en cárcel común.
También está pendiente el juicio en la causa residual por los crímenes cometidos en la Comisaría 5ta de La Plata y en el “Pozo de Arana”, entre ellos el paso por allí de López como desaparecido, y donde están procesados los represores Pedro Muñoz, Jorge Bergés, Néstor Buzzato, Julio César Garachico y el propio Etchecolatz. De realizarse tal debate será en obligada ausencia de López como víctima.
Pero la situación escapa al principal responsable de la desaparición de López, ya que a nivel nacional, pasados 13 años de procesos contra los genocidas, el panorama es bien complejo: sólo se condenó al 30% de los imputados en estas causas, 142 fueron absueltos, como recientemente el represor César Milani, más de 560 murieron impunes y más del 67% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria.
La gestión del macrismo en derechos humanos pasará a la historia en dos frases pronunciadas por el presidente ante consultas periodísticas: “no tengo idea”, negacionismo mediante, sobre la cifra de detenido desaparecidos durante la última dictadura, y “no entiendo”, para defender el gatillo fácil y cuestiona el procesamiento del policía Luis Chocobar. Las capas de impunidad se profundizan a medida que los gobiernos pasan y dicen no saber o no entender lo que significa la represión de Estado. Pero nosotros y nosotras no olvidamos y no nos reconciliamos por eso seguiremos exigiendo respuestas: queremos saber qué pasó y quiénes son los responsables políticos y materiales de su segunda desaparición.
La historia nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y que son perpetradas por el aparato represivo del estado con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los opositores políticos. Eso es lo que pasó con Julio López, y eso es también lo que pasó con la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado, llevada adelante por Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Pablo Noceti. En esa causa el juez federal Guillermo Gustavo Lleral pretendió cerrar la investigación en noviembre del año pasado determinando la inexistencia de delito. Pero la incesante lucha en la calle de su familia y de todo el pueblo lograron reabrir el expediente el pasado 5 de septiembre. Sin embargo la causa pasó peligrosamente de la teoría del ahogado a la del abandono de persona. Ningún magistrado asumió hasta hoy la desaparición forzada. La lucha por justicia por Santiago, así como por las causas por las desapariciones forzadas de Andrés Nuñez, de Miguel Bru, de Luciano Arruga, de Iván Torres, de Gerardo “Pichón” Escobar y de los más de 215 casos de desaparición en democracia, son y serán símbolo de lo que el Estado argentino no está dispuesto a asumir. Porque en el país de los 30 mil desaparecidos no se investigan ni se condenan las desapariciones forzadas en democracia. Porque la impunidad se construye por capas que se van apilando unas sobre otras para que no nos acordemos de todo aquello que va quedando enterrado.
A 13 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López decimos:
-¡Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de su desaparición forzada!
-¡Basta de silencio, encubrimiento e impunidad!
-¡El estado es responsable!
* Publicado originalmente en HIJOS La Plata