Los movimientos sigilosos del grupo Benetton en Río Negro
Las operaciones políticas y económicas de los capitales de Benetton en Río Negro aparecen sigilosas y discretas, a diferencias de las desplegadas por Tavistock Group (de Joseph Lewis) o las propias de su grupo en Chubut, desde que en 1991 compraron grandes superficies rurales en Argentina. El cerrojo sistemático a la información pública y el poco empeño de la dirigencia política local en transparentar los movimientos de los capitales privados dificultan conocer la presencia real de este flujo de capital en el territorio, las condiciones en que negocia con los sucesivos gobiernos y el comportamiento de la burocracia estatal cuando se juegan los intereses de Benetton.
La inmobiliaria van Ditmar de Bariloche intervino en la operación por la que Edizione Holding International N.V., brazo financiero del grupo, compró el paquete accionario de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA (CTSA) que incluyó las estancias Pilcañeu, El Maitén, Cañadón Blanco, Etido y San Pedro en Río Negro. Suman 92.000 hectáreas, superficie que surge del Catastro público y lo que la propia empresa declaró ante el Registro Nacional de la Tierra Rural en 2016.
A la inversión tradicional de ganadería extensiva, le sumó dos líneas que abren el espectro de sus intereses. Por una parte, la provincia otorgó derechos mineros sobre dos yacimientos de oro y plata diseminados a Minera Sud Argentina SA, subsidiaria de una firma con sede en Canadá cuyo paquete accionario controla Benetton a través de CTSA. Y, más recientemente, declaró como propia una parcela de casi quince hectáreas en el área suburbana de Cinco Saltos, localidad del cordón del Alto Valle, que está subdividida y loteada.
Historia oficial y movimiento real
La estancia Pilcañeu rodea y asfixia al ejido urbano de Pilcañiyeu, así como lo hacen las estancias El Maitén y Leleque con la localidad El Maitén en Chubut. El traspaso de la propiedad incluyó, de hecho, las relaciones de dominación y prácticas de control del espacio territorial en desmedro de un municipio chico, con escasa o nula capacidad propia de negociación. El año pasado el gobierno provincial firmó con la CTSA el convenio de traspaso de titularidad de una fracción de poco más de cinco hectáreas, sin cargo, para emplazar una planta depuradora de líquidos cloacales para Pilcaniyeu. Dos años antes la Legislatura había declarado la utilidad pública de esas tierras y su expropiación.
El convenio de advenimiento a la expropiación sin cargo lo firmó en representación del grupo Benetton Martín Lejarraga, abogado de Viedma, ex representante del Estado rionegrino en numerosas causas contra comunidades mapuche por décadas e impulsor de pedidos de desalojos. El decreto del ex gobernador Alberto Weretilneck, actual senador nacional por Somos Rio Negro, recuerda y aclara que el Estado nacional realizó en el 2000 una expropiación sobre otro sector de la misma fracción para el nuevo trazado de la Ruta Nacional N° 23, demorada tanto en su finalización como en la formalización de las mensuras y deslindes de la misma fracción expropiada.
La morosidad y negligencia del aparato de Estado puede ser una de las razones por las que cuesta determinar cuál es la superficie inscripta como propiedad del grupo en Río Negro, al menos en la documentación oficial disponible. El grupo declaró como propias veintisiete fracciones ante el Registro Nacional de Tierras Rurales en manos extranjeras, según el informe que ofreció el organismo nacional a la Cámara de Diputados de la Nación en 2016. Comparamos esa documentación con el Catastro provincial y otros documentos de casos puntuales, que nos van precisando la presencia y despliegue de los capitales en el territorio. El grupo incluyó por entonces como de su propiedad privada fracciones que son de uso público permanente, tal es el caso de un tramo de la antigua traza de la Ruta Nacional 40 a la altura de la localidad de Ñorquinco en el sur-oeste de la provincia, situación que necesariamente obliga a poner en duda la veracidad de la documentación oficial.
Islote en el valle
Una pequeña fracción de menos de quince hectáreas fue declarada como propia ante el Registro de la Tierra Rural Extranjera en el departamento General Roca, en la zona suburbana de Cinco Saltos. En Catastro de la provincia esa fracción fue mensurada y escriturada en 2005 a nombre Siliquini SRL, firma de Cipolletti dedicada a la producción de indumentaria para trabajo. Ya fue subdividida y loteada; la titularidad de esas fracciones resultantes está a nombre de JC Brabeuo SRL, inmobiliaria de Cipolletti con sede comercial en Rincón de los Sauces, Neuquén, y conflicto social en Fernández Oro por una urbanización en una toma popular.
El recambio del gobierno nacional y la falta de definición de un nuevo responsable político de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales, que depende del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede ser una oportunidad para revisar los mecanismos de ese registro tanto para los directamente involucrados, como son los capitales y titulares, como para el conjunto de la sociedad. En relación a Tavistock, señalamos en este medio que declaró como de origen diferente el bloque de propiedades andinas de Hidden Lake SA (británicos) respecto del atlántico Bahía Dorada SAU (norteamericano), sin identificarse además como Tavistock. Este detalle de la parcelita de Benetton tal vez sea un error, o tal vez una nueva línea de negocios con socios locales; lo cierto es que la documentación pública tiene que ser de acceso rápido, seguro y universal, con posibilidades ciertas de verificarlas.
Los tiempos de Calcatreu
Calcatreu es el proyecto de megaminería de oro y plata que capitales trasnacionales con sede en Canadá pretenden desarrollar a unos 85 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci, estepa ocupada mayoritariamente por gente mapuche y criollos dedicados a la ganadería extensiva, sin título de propiedad ni comunitario ni individual. La formación geológica se extiende en Chubut donde el proyecto se llama Navidad; a ambos lados del paralelo 42° que separa las juridicciones provinciales opera Pan American Silver Corp. El movimiento político, empresario y social también se articula a nivel regional.
En las inmediaciones, en discretísimo segundo plano, Benetton se afianza con dos yacimientos ligados a la formación Calcatreu: Calqui II y Mercedes, según las autorizaciones publicadas en el Boletín Oficial (BO) y lo que informa la propia empresa.
Minsud Resources Corp. tiene sede en Canadá; el controlante mayoritario de su paquete accionario es la CTSA, que en 1996 modificó su objeto social (agricultura, ganadería, industrial, comercial, financiero, inmobiliario) e incorporó la minería. Fue durante el apogeo de la apertura durante la administración Menem, el Congreso ya había firmado el paquete de leyes pro-mineras y los acuerdos internacionales con Canadá y Australia, directrices neoliberales que están en la base de muchos de los conflictos actuales.
Opera en el país a través de la subsidiaria Minera Sud Argentina S.A., cuyo emprendimiento más conocido es Chita Valley en San Juan. Diego Bauret es el director de Operaciones, responsable de las operaciones con distinto nivel de avance en 60.000 hectáreas en Santa Cruz (28.000), Chubut (23.000) y Río Negro (9.000).
En 2010 se formalizó el expediente de Minsud por el descubrimiento de oro y cobre diseminado llamado Calqui II, que incluyó un área de reserva de casi 1.700 hectáreas en la zona de Quetrequile, espacio de ocupación tradicional de la comunidad mapuche Casiano-Epugmer. En ese mismo lugar se encuentra la mina Calcatreu II que ocupa doce hectáreas, con trámite iniciado en 1996 por Talcomin Sur Minerales SA, firma de capitales locales radicada en Neuquén.
En 2011 Minsud tramitó el descubrimiento de oro, plata y metales base diseminados Mercedes 1 con un área de reserva rectangular de 1.410 hectáreas.
El movimiento empresario fue durante la vigencia de la ley provincial que prohibía la utilización del cianuro en la minería metalífera; se publicó recién en el BO en 2013 (Mercedes 1) y 2014 (Calqui II), cuando ya se había derogado la ley anticianuro y Weterilneck se había consolidado en gobierno provincial tras la convulsión por la muerte de Carlos Gringo Soria (Frente para la Victoria). Soria asumió el 10 de diciembre de 2011 y alcanzó a hacer derogar la ley anticianuro en su brevísimo paso por la gobernación.
Aguas públicas
Tanto la ganadería intensiva en estancia El Maitén como el proyecto minero tienen en el agua dulce un nudo conflictivo. El Maitén está atravesada por el río Chubut, que desciende con todo el caudal del deshielo y los aportes del arroyo Minero justo antes de ingresar al predio. El Departamento Provincial de Aguas (DPA) le autoriza la toma de agua, de lo que no se informa regularmente por el BO, como debería ser, sino cuando de tanto en tanto surgen reclamos desde la pequeña localidad El Maitén que todos los veranos sufre la merma en el caudal que provee a toda la población local y sus actividades.
En 2006 CTSA solicitó una toma directa sobre el río de 550 litros por segundo para el ganado vacuno y las pasturas, la que fue autorizada por la provincia. Al mismo tiempo se esparcieron los riegos mecánicos y el engorde a corral, como se advirtió desde los caminos vecinos. En febrero del año pasado, una fuente de Chubut indicaba extraoficialmente que esa toma se mantenía en esos volúmenes en medio de una sequía importante que hacía llegar muy poca agua al final de la cuenca, en Trelew y Rawson.
Al cierre de esta edición, la Cooperativa de Vivienda y Consumo que administra el servicio público de agua potable en Maitén, informó que el agua del Chubut no es apta para el consumo humano y difundió las pruebas bacteriológicas hechas. El origen de la contaminación no necesariamente es la actividad de la estancia, pero exige mayor claridad institucional sobre su manejo y control.
Este antecedente empresario y estatal puede anticipar el escenario que podría crearse en Calcatreu, en caso de avanzarse en el desarrollo de ese proyecto megaminero. Ahí la fuente de agua dulce es la cuenca subterránea de Lipetrén, único reservorio de la zona con una capacidad de dos millones y medio de litros diarios, de acuerdo a lo que informan desde hace años las asambleas medioambientales de Jacobacci y Bariloche. Para no afectar esa cuenca sólo se puede sacar la mitad, pero la minera necesita dos millones de litros de agua diarios, con lo cual no queda nada para otros usos, advirtieron.
El uso del agua dulce con fines industriales sin controles públicos (la ganadería en la escala y modalidad Benetton es industrial) es parte del dispositivo burocrático del despojo por goteo, transferencia de bienes a precios irrisorios que explican, en parte, la comodidad con la que Martín Lejarraga transita por la puerta giratoria que lo llevó de asesor legal de ministerios y apoderado de empresas con capitales públicos rionegrinos, furioso defensor de “la propiedad estatal” para negar el derecho mapuche al territorio, a Benetton.
Esa transferencia de recursos por omisión se da también al momento del cobro de los impuestos inmobiliarios, tal como mostramos para las propiedades de Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, y otros capitales grandes. CTSA paga dos (2) pesos por hectárea al año, de acuerdo a las copias de liquidación de deuda a la que accedemos del sistema público. ¿Cómo no ceder gratis cinco hectáreas para la planta de tratamiento de las cloacas de Pilcaniyeu? Todo huele más o menos mal.
* Javier Grosso realizó el análisis de imágenes satelitales y cartografía para este informe.
** Publicado originalmente en El Cohete a la Luna